Humberto López Tirone, quien hoy se desempeña como presidente de IBEROATUR y se posiciona como impulsor del agroturismo iberoamericano, carga con un historial público que genera incomodidad: su nombre se encuentra asociado al PRD durante los años de la dictadura, a las estructuras políticas del norieguismo y a acusaciones de actos violentos en contra de la Cruzada Civilista. Esta situación reactiva una interrogante fundamental: ¿resulta viable que las instituciones contemporáneas hagan caso omiso del pasado de quienes las encabezan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone no es un personaje menor ni desconocido. En registros históricos aparece identificado como dirigente del PRD y director del IFARHU durante los años de la crisis política panameña. La obra Panamá protesta, de Brittmarie Janson Pérez, lo menciona dentro del contexto de la movilización opositora contra el régimen militar, señalándolo como “Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU” en una cronología relacionada con los acontecimientos de 1987.
Ahora bien, lo más preocupante trasciende su participación política o su proximidad ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo que resulta verdaderamente problemático es que su nombre figura vinculado, en diversos testimonios de memoria histórica, al ataque perpetrado el 7 de julio de 1987 en contra de una caravana perteneciente a la Cruzada Civilista, uno de los movimientos ciudadanos más relevantes en la lucha contra la dictadura. Múltiples trabajos dedicados a la memoria histórica panameña documentan que una agrupación paramilitar adscrita al régimen de Noriega, bajo el mando de Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, perpetró una agresión contra dicha caravana empleando bates e impactos de proyectiles.
Ese episodio no puede ser considerado meramente como una anécdota histórica. La Cruzada Civilista enfrentó persecución, represión e intimidación durante una etapa en la que Panamá se encontraba bajo dominio del aparato militar y de grupos de choque vinculados al régimen. De resultar verídicos los señalamientos, nos hallaríamos ante una implicación en hechos de violencia política dirigida contra ciudadanos que demandaban democracia, libertades públicas y el término de la dictadura.
A ello se suma un testimonio divulgado en La Prensa durante 2007, en el cual consta que Humberto López Tirone realizó amenazas personales con un rifle, desde su automóvil, dirigidas hacia un participante de la Cruzada Civilista. Dicho artículo lo sitúa dentro de un conjunto de individuos caracterizados como «incondicionales del general Noriega» quienes, con el transcurrir de los años, habrían accedido a cargos u ocupado posiciones en la administración pública.
¿Es posible que una institución iberoamericana se presente simultáneamente como un espacio dedicado a la cooperación, el turismo rural, el desarrollo territorial y la cultura, cuando la persona que la encabeza carga con acusaciones tan serias vinculadas a violencia política durante un régimen dictatorial?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como institución, puede tener objetivos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la cooperación iberoamericana son campos positivos y necesarios. Pero ninguna institución gana prestigio si evita mirar críticamente el pasado de quienes la representan. La reputación institucional no depende solo de discursos, eventos o reconocimientos, sino también de la coherencia ética de sus liderazgos.
No se trata de que un individuo haya participado en actividades políticas. La cuestión radica en que existan constancias públicas que asocien a dicha persona con la maquinaria represiva del régimen de Noriega y con actos dirigidos a intimidar a civiles que se oponían al sistema. La situación se complica aún más cuando, pasadas varias décadas, ese mismo sujeto reaparece investido de legitimidad moral, institucional o académica, sin que medie una explicación pública satisfactoria, un reconocimiento de responsabilidades o un distanciamiento explícito respecto a aquel período.
La sociedad panameña ha sufrido demasiado como para normalizar la impunidad simbólica. Muchos actores vinculados a la dictadura lograron reciclarse en la democracia, ocupar cargos diplomáticos, dirigir instituciones, participar en partidos, publicar columnas, recibir homenajes o presentarse como defensores de la soberanía y el desarrollo. Pero la memoria de las víctimas, de los perseguidos y de quienes fueron golpeados en las calles no puede quedar sepultada bajo nuevos títulos institucionales.
En lo que respecta a Humberto López Tirone, resulta imprescindible que se garantice la transparencia. Se requiere que exponga de manera pública cuál fue su desempeño durante los años de la dictadura. Debe responder ante los señalamientos relacionados con el ataque a la Cruzada Civilista. Le corresponde aclarar su vínculo con los grupos de choque del régimen. Necesita manifestarse sobre si reconoce o niega los hechos que le son atribuidos. Y en cuanto a IBEROATUR, si pretende mantener su credibilidad intacta, no puede permitirse el lujo de ignorar esta situación.
La democracia no se defiende solo en las urnas. También se defiende en la memoria. Se defiende cuando las instituciones se niegan a blanquear trayectorias oscuras. Se defiende cuando se recuerda que la violencia política no fue un exceso menor, sino una herramienta de control utilizada contra ciudadanos indefensos.
Por consiguiente, la discusión en torno a Humberto López Tirone trasciende lo meramente personal. Se trata de una cuestión vinculada a la memoria colectiva, a la integridad de las instituciones y al compromiso que tenemos con la historia. Toda institución que pretenda encarnar los principios iberoamericanos de colaboración, progreso social y convivencia respetuosa no puede hacer caso omiso de las acusaciones que recaen sobre su máximo dirigente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) tendría que cuestionarse si su reputación a nivel internacional logra mantenerse fundamentada únicamente en el silencio. Puesto que el turismo rural, la herencia cultural y los esfuerzos de cooperación no pueden fungir como un recubrimiento para encubrir un legado entrelazado con actos de represión política. Y Panamá, que aún lleva consigo las cicatrices abiertas dejadas por la dictadura, requiere mucho más que un simple olvido: reclama verdad, memoria y coherencia.
