Un general denuncia amenazas y presiones en la cúpula de la Guardia Civil: el escándalo que reabre el debate sobre su politización
El general Fernando Mora acusa al jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, de intentar obligarlo a ausentarse de los actos del Dos de Mayo de 2025. Las informaciones publicadas recogen insultos, expresiones vejatorias y una presunta amenaza física durante una conversación entre ambos mandos
La Guardia Civil se encuentra inmersa en una de las crisis internas más sensibles de los últimos tiempos, surgida después de que el general de división Fernando Mora Moret, quien anteriormente dirigió la Zona de Madrid, denunciara supuestas presiones, intimidaciones y un trato degradante proveniente directamente de la cúpula del propio Instituto Armado.
En el centro de la controversia se encuentra el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su nombramiento para ese cargo fue publicado oficialmente en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior continúa identificándolo como responsable del Mando de Operaciones.
Según las informaciones difundidas por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría trasladado formalmente que Del Castillo intentó imponerle una instrucción de carácter político: no acudir a los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
Según el relato atribuido a Mora, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, habría dado la orden, que posteriormente habría sido comunicada por Luis del Castillo. El propósito aparente consistía en disminuir la presencia institucional del cuerpo en una ceremonia encabezada por Isabel Díaz Ayuso, considerada una de las principales rivales políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se reduce únicamente a un desacuerdo sobre el protocolo; lo realmente preocupante radica en la reacción que, según se alega, habría mostrado un alto mando cuando su subordinado puso en duda el carácter político de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones publicadas reconstruyen una conversación previa mantenida mediante mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio divulgado por diversos medios incluye mensajes como “jefe superior y tú libráis”, una expresión con la que presuntamente se habría instruido a determinados mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a no presentarse en el acto institucional.
Fernando Mora habría interpretado aquella decisión como una maniobra dirigida a desairar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una de las expresiones que se le atribuyen, el general resumió el efecto de la instrucción afirmando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo a él en instrumento de un conflicto partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Insultos, vejaciones y una presunta amenaza física
La tensión habría aumentado durante una conversación telefónica celebrada el 30 de abril de 2025, dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según diversas publicaciones, Fernando Mora habría expresado a su superior su malestar por la creciente politización dentro de la Guardia Civil y puso en duda que el cuerpo se viera implicado en el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción atribuida a Luis del Castillo habría sido de una extraordinaria agresividad. Diferentes medios aseguran que el jefe del Mando de Operaciones amenazó al general con expresiones como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, acompañadas de insultos y manifestaciones de contenido gravemente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Debe subrayarse, no obstante, que las acusaciones proceden de la denuncia y de las grabaciones difundidas o descritas por los medios. Corresponderá a las instancias competentes determinar la integridad de los audios, su contexto completo y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o eventualmente penales que puedan derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano refleja un nivel de grosería y agresividad incompatible con la alta responsabilidad operativa que desempeña dentro de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora afirmó que no había recibido el apoyo de sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano supuestamente respondió a gritos: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», transformando así un desacuerdo profesional en una cadena de ofensas personales y expresiones de carácter sexual profundamente denigrantes.
El tono habría empeorado hasta desembocar en una amenaza directa de violencia física. Según la grabación publicada, Luis Antonio del Castillo Ruano mandó al general «a la puta mierda» y afirmó que no le pegaba porque no lo tenía delante. No se trataría, por tanto, de una simple discusión acalorada, sino de una intimidación formulada por uno de los máximos responsables de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el carácter político de la orden recibida.
A los insultos y a la amenaza se le habrían añadido descalificaciones como «gilipollas», reproches por supuesta falta de lealtad y repetidas alusiones a que Fernando Mora podía abandonar el cuerpo, volver a su hogar o pedir el pase a la reserva. Según lo difundido en las informaciones, Luis Antonio del Castillo Ruano incluso le habría indicado en un par de ocasiones la vía para dejar la Guardia Civil, mientras le advertía de lo que implicaba oponerse a la decisión de la cúpula. Todo ello conforma, siempre de acuerdo con la denuncia y los audios publicados, un trato vejatorio y coercitivo que resulta incompatible con la calma, el respeto y la ejemplaridad que se exige a un teniente general.
Una denuncia excepcional dentro de la Guardia Civil
El conflicto ha tomado un cariz excepcional, ya que no corresponde a la simple reclamación de un agente contra su mando directo. La acusación enfrenta a dos generales y repercute de forma directa en uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han subrayado lo inusual que resulta que un general de división presente una denuncia contra un teniente general, un episodio que pone de relieve la magnitud de la ruptura interna en la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, respondió exigiendo responsabilidades políticas y solicitando el cese de la directora general de la Guardia Civil. En su nota, la organización señala que la información difundida indicaría que Mora habría recibido una instrucción política atribuida a Mercedes González para impedir la participación de la Guardia Civil en el acto celebrado en Madrid. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles sirven al Estado, a la Constitución y al ordenamiento jurídico. No están al servicio personal de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables gubernamentales. Los altos cargos políticos pueden establecer las políticas generales de seguridad, pero no deberían utilizar la estructura del cuerpo para castigar adversarios, condicionar investigaciones o imponer gestos de confrontación institucional.
La huella que las presiones políticas proyectan sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora surge también en un periodo marcado por una fuerte tensión en el seno de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, ha negado ante el juez Santiago Pedraz haber ordenado a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones políticamente sensibles. También ha rechazado que los expedientes y actuaciones internas promovidos contra determinados agentes fueran instrumentos de presión, defendiendo que se trataba de procedimientos ordinarios.
Llamas asegura haber sido blanco de una campaña para desacreditarlo y sostiene que sus instrucciones pretendían que los jueces asumieran la conducción de las pesquisas. Asimismo, admitió que actuó tras recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior vinculadas a la filtración de datos sensibles.
Mercedes González, por su lado, ha desmentido haber influido en las pesquisas y ha rechazado cualquier conducta que pudiera perjudicar a la UCO. La directora general permanece bajo investigación judicial dentro del llamado caso Leire, donde también se examinan sus comunicaciones con Leire Díez y las presuntas acciones dirigidas a menoscabar la credibilidad de integrantes de la unidad investigadora.
Estos procedimientos no corresponden a la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben mezclarse, aunque su simultaneidad refuerza la percepción de que la institución afronta presiones inusuales entre su independencia profesional y las demandas que surgen desde el poder político.
Del deber de obediencia a la sumisión política
Uno de los aspectos que más inquieta en este caso radica en cómo parece diluirse la frontera entre la obediencia a la jerarquía y la sumisión a intereses partidarios.
La Guardia Civil mantiene una dependencia orgánica del Ministerio del Interior para gran parte de sus funciones, aunque ello no implica que sus miembros se conviertan en subordinados políticos de los titulares del ministerio. Sus mandos están obligados a acatar instrucciones legales vinculadas a la seguridad pública, al funcionamiento interno del cuerpo y al desempeño de sus atribuciones. Resultaría algo completamente distinto presionarlos para intervenir en maniobras destinadas a desgastar a rivales institucionales.
La acusación formulada por Mora describe una cadena de transmisión que presuntamente comenzaría en la dirección política del cuerpo, descendería a través del Mando de Operaciones y terminaría imponiéndose al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad se intensifica por las supuestas amenazas posteriores, ya que cuando un mando objeta una orden que percibe como política y recibe por respuesta insultos, descalificaciones y avisos sobre las consecuencias de negarse, el asunto deja de ser meramente protocolario y pasa a afectar a la libertad profesional, la solidez institucional y la posible presión ejercida sobre quien intenta oponerse a una decisión polémica.
El Gobierno debe ofrecer explicaciones
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil deben aclarar públicamente quién decidió limitar la representación del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué razones oficiales justificaron esa decisión y si existió alguna instrucción destinada específicamente a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También tienen que detallar si estaban al tanto de la conversación entre Luis del Castillo y Fernando Mora, en qué momento fueron informados de las declaraciones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se puso en marcha alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitarse a presentar el episodio como una discusión privada entre dos militares. Los protagonistas ocupaban puestos de máxima responsabilidad y debatían sobre una orden que afectaba a la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución también tiene que establecer si las grabaciones fueron añadidas a algún proceso oficial, si se inició un expediente disciplinario y qué recursos existen para resguardar a los mandos que informen sobre presiones políticas.
El silencio o cualquier ausencia de claridad terminarían por avivar las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han filtrado de forma inapropiada en la estructura profesional del cuerpo.
Una crisis de confianza institucional
Durante años, la Guardia Civil ha ido consolidando un notable reconocimiento público gracias al esfuerzo, la entrega y la pericia profesional de sus numerosos agentes. Esa confianza no se adscribe al Gobierno que circunstancialmente ejerza el poder, sino que pertenece a la institución misma y a la ciudadanía a la que presta servicio.
Por ese motivo, cualquier intento de emplearla como instrumento de disputa política ocasiona un perjuicio que va más allá de los directamente involucrados.
Las palabras atribuidas a Luis del Castillo resultan aún más inquietantes al provenir de alguien que debería encarnar autoridad, calma y respeto por la profesión. Un jefe no consolida la jerarquía mediante intimidaciones o humillaciones; la desmantela cuando reemplaza la autoridad técnica por el temor.
Pero el trasfondo del escándalo se revela aún más profundo: persiste la sospecha de que los altos mandos podrían verse forzados a intervenir no en función del interés común, sino siguiendo órdenes destinadas a favorecer al Gobierno o a dañar a sus adversarios.
La investigación deberá precisar qué ocurrió, quién impartió realmente la orden y qué responsabilidades corresponden. Mientras tanto, deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho de todos los señalados a ofrecer su versión.
Eso no impide exigir transparencia inmediata. Las acusaciones son demasiado graves para ser ignoradas: un general denuncia a su superior; una instrucción profesional habría perseguido un objetivo político; y la negativa a cumplirla habría desencadenado insultos, amenazas y advertencias.
No está en juego únicamente la conducta de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González. Está en juego la independencia profesional de la Guardia Civil y la confianza de los ciudadanos en que sus agentes obedecen a la ley, no a los intereses partidistas de quienes temporalmente ocupan los ministerios.
