Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de El Salvador poner fin al estado de emergencia que rige desde hace más de dos años y medio. Este mecanismo introducido por el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo de 2022. para luchar contra las pandillas, suspende derechos básicos como el acceso a protección legal y el derecho a conocer los cargos durante un arresto.
En su informe titulado «Estado de Emergencia y Derechos Humanos en El Salvador»La CIDH reconoció que la medida había contribuido a una «reducción sin precedentes de los actos de violencia». Sin embargo, también señaló que, según cifras oficiales, la emergencia que justificaba esta política ha sido superada. Por ello, la organización destacó que el estado de emergencia no debe convertirse en una herramienta permanente para la seguridad de los ciudadanos, ya que contradice los requisitos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La declaración de la CIDH se produjo un día después de que el Congreso de El Salvador aprobara la trigésima prórroga del estado de emergencia. Esto se produjo en medio de declaraciones recientes de Bukele, quien sugirió que el país podría estar cerca de levantar la medida.
Impacto en los derechos humanos y crítica internacional
Aunque el estado de emergencia ha sido clave en la lucha contra las pandillas, grupos y activistas internacionales de derechos humanos han denunciado que su implementación ha dado lugar a abusos sistémicos. Según la CIDH, se han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia y violaciones al debido proceso.
El informe también destaca la falta de pruebas que respalden los cargos contra muchos detenidos, el uso de juicios masivos, la limitación del derecho a la defensa y la falta de garantías judiciales. Estas prácticas, según la Comisión, violan los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde el inicio del estado de emergencia, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 81.900 personas a las que clasifican como «terroristas». Sin embargo, el gobierno ha admitido que más de 7.000 de estos detenidos han sido liberados por falta de pruebas. Además, la CIDH recomendó detener las audiencias masivas, garantizar visitas familiares a los presos y permitir el acceso de las organizaciones de derechos humanos a las cárceles.
De igual forma, la Comisión llamó al gobierno a elaborar un registro detallado de personas privadas de libertad, crear políticas de atención a víctimas de pandillas y crear un registro oficial de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia.
Medidas de emergencia y su impacto en la seguridad
El estado de emergencia otorga a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios, como interceptar telecomunicaciones sin orden judicial y ampliar el período de detención sin audiencia de 72 horas a 15 días. Además, el Congreso reformó el Código Penal para clasificar la pertenencia a pandillas como un delito grave, con penas que van de 20 a 40 años de prisión y hasta 60 años para los líderes.
Estas medidas fueron acompañadas de una estrategia de seguridad que redujo significativamente el nivel de violencia en el país. Según datos oficiales, en lo que va de 2024. Hubo 177 días sin asesinatos, una mejora significativa con respecto a 2015, cuando El Salvador fue clasificado como uno de los países más violentos del mundo con 6.656 asesinatos ese año.
En 2024 La policía informó de 90 asesinatos, incluida la muerte de tres presuntos miembros de pandillas en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Aunque los niveles de violencia han disminuido drásticamente, los informes de abusos y violaciones de derechos humanos siguen causando preocupación tanto dentro como fuera del país.
La presión internacional y el futuro del régimen
La CIDH reiteró que si bien la lucha contra las pandillas es una prioridad legítima, no puede lograrse a costa de los derechos básicos de la población. La organización destacó que el gobierno salvadoreño debe buscar soluciones que respeten las garantías individuales y el Estado de derecho.
El presidente Bukele ha defendido su estrategia de seguridad, afirmando que ha devuelto la paz a los salvadoreños después de años de violencia extrema. Sin embargo, las críticas de la comunidad internacional y las recomendaciones de la CIDH pueden aumentar la presión sobre su administración para ajustar o poner fin al régimen de emergencia.
Mientras el gobierno salvadoreño evalúa sus próximos pasos, el debate entre seguridad y derechos humanos sigue siendo un tema central. El desafío es encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad de los ciudadanos y respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por ahora, el futuro del estado de emergencia y sus implicaciones para El Salvador siguen siendo inciertos.