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La Agencia Tributaria afronta una nueva sacudida interna tras conocerse el relevo de dos de sus altos cargos más relevantes: Virginia Muñoz Fernández, directora del Departamento de Recaudación, y Manuel Trillo Álvarez, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Ambos movimientos se producen en un momento especialmente sensible para el organismo, marcado por la salida de Soledad Fernández Doctor como directora general y por el creciente ruido político en torno al denominado caso Zapatero.
Los cambios en la cúpula de la AEAT llegan después de que el juez del caso Plus Ultra ofreciera a Hacienda la posibilidad de personarse como potencial perjudicada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros. Esa decisión ha situado bajo presión al organismo tributario, ya que su eventual personación podría tener consecuencias relevantes en el desarrollo judicial del caso.
Aunque Hacienda defiende que los relevos responden a motivos profesionales y a movimientos previstos con anterioridad, la coincidencia temporal ha alimentado serias sospechas de la oposición y de la ciudadanía. El hecho de que las salidas afecten precisamente a dos departamentos clave —Recaudación e Inspección— ha intensificado la lectura de que la Agencia Tributaria atraviesa una crisis interna de mayor calado.
En este escenario, la salida de Muñoz y Trillo se suma a la duda sobre la postura que finalmente asumirá Hacienda en el procedimiento vinculado con Zapatero, ya que persiste la incógnita de si la Agencia Tributaria actuará o no como parte perjudicada, una decisión que ha elevado estos ajustes internos a un asunto de notable relevancia política e institucional.
La sospecha de motivación política aparece por la coincidencia temporal de diversos elementos; en primer lugar, la marcha de Fernández se hace pública justo después de que el juez del caso Plus Ultra planteara a Hacienda la posibilidad de personarse como parte perjudicada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, según reveló The Objective.
Segundo, el Partido Popular amplió el plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y convocó a Soledad Fernández para que el 13 de julio expusiera la postura del fisco. El PP afirma que su salida pretende eludir o influir en esa comparecencia, aunque también señaló que debería presentarse incluso si abandona el cargo.
Tercero, la salida no solo alcanzaría a la directora general, sino que también repercutiría en dos áreas esenciales: Recaudación e Inspección, unidades estrechamente vinculadas con la capacidad de la Agencia para gestionar cobros, indagar posibles fraudes y intervenir o participar en procedimientos con repercusión fiscal. Esta simultaneidad refuerza la percepción de una “renuncia masiva” o de una crisis en la dirección.
