La reciente propuesta legislativa en Honduras, impulsada por miembros del Partido LIBRE, ha desatado una intensa polémica en los sectores político y económico nacionales. Estos parlamentarios intentaron avanzar de manera apresurada y sin alcanzar un acuerdo en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto que ha generado discusiones debido a sus potenciales efectos sobre la inversión y el empleo. El movimiento pretendía aprovechar la presencia reducida de diputados opositores para lograr la aprobación final, sin embargo, la carencia de quórum y la respuesta de los adversarios evitaron que se materializara esta acción.
Antecedentes y respuestas sobre la Ley de Equidad Fiscal
El movimiento acelerado para sancionar la Ley de Justicia Tributaria, promovido por los diputados del Partido LIBRE, fue visto como un intento de avanzar una agenda tributaria sin lograr el acuerdo necesario. La táctica era aprovechar un momento en que la oposición no estaba completamente presente en el hemiciclo para pasar la ley en su última discusión. No obstante, esta acción no llegó a materializarse debido a la falta de quórum y a la pronta reacción de los diputados opositores que bloquearon la votación. Este evento ha puesto de manifiesto la fractura política en el Congreso de Honduras y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de los sectores empresariales y los grupos gremiales. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones de esta ley, sugiriendo que podría desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera. Esto, a su vez, podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un aumento del desempleo. Asimismo, hay una advertencia sobre la posibilidad de que esta normativa favorezca una concentración del poder económico en manos del Estado, lo que tendría un impacto relevante en la economía del país.
Movilización ciudadana y perspectivas futuras
La respuesta de la sociedad frente al fallido intento de aprobar la Ley de Justicia Tributaria fue rápida, con varios grupos de la sociedad civil convocando a protestas para exigir más claridad, una discusión pública extensa y la adhesión a los procedimientos legislativos vigentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la implantación de una ley que, a su juicio, perjudicaría a millones de ciudadanos, destacando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su implementación.
Con respecto a las acciones futuras, los opositores han declarado que seguirán presionando para impedir cualquier intento de aprobación que no respete los procedimientos legales y democráticos. Por otro lado, el Partido LIBRE intenta reorganizar sus alianzas para tratar de aprobar nuevamente la ley. De esta manera, el conflicto por la Ley de Justicia Tributaria sigue vigente, mostrando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la relevancia de alcanzar acuerdos que incluyan las distintas opiniones del país.