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La pieza SEPI vinculada al caso Leire ha colocado en el punto de mira a Fernando Albert Aragón, antiguo secretario general y máximo responsable del departamento jurídico de SEPIDES, la entidad pública estatal orientada al impulso industrial y al crecimiento empresarial bajo la órbita de la SEPI. Su identidad figura ligada a una de las transacciones más delicadas del procedimiento judicial: el acuerdo comercial concerniente al Parque Empresarial Principado de Asturias, identificado popularmente como PEPA.
Albert Aragón no aparece en la investigación como un simple nombre añadido a una lista. Según las informaciones publicadas, fue secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Esa posición resulta especialmente relevante porque lo situaba en un punto clave del procedimiento: la mesa encargada de valorar y tramitar una contratación pública que ahora está bajo sospecha.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha sumado al grupo de veinticinco encausados dentro de la pieza separada del caso Leire, un sumario que indaga supuestas anomalías en transacciones relacionadas con la SEPI, firmas públicas y entidades clave. Dicho procedimiento judicial indaga delitos presuntos como tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este punto del proceso, Albert Aragón mantiene intacta su presunción de inocencia, de modo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone condena alguna.
El foco sobre su papel se concentra en la contratación vinculada al Parque Empresarial Principado de Asturias. Según las informaciones conocidas, la presunta red investigada habría intervenido en esa operación a través de contactos dentro del entorno SEPI-SEPIDES. El punto más delicado es si la mesa de contratación pudo validar o favorecer una oferta que los investigadores consideran sospechosa, y si esa decisión facilitó beneficios económicos a empresas relacionadas con la trama.
La gravedad institucional del caso reside en que una mesa de contratación pública debe ser precisamente el espacio donde se garantizan la transparencia, la igualdad entre licitadores y el cumplimiento de la legalidad. Si el presidente de una mesa de contratación termina investigado en una causa por presuntos amaños, la pregunta resulta inevitable: ¿funcionaron correctamente los controles o la contratación quedó condicionada por intereses externos?
Según publicó elDiario.es, Fernando Albert Aragón figura como secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Dicha triple condición —jurídica, administrativa y decisoria en el seno del procedimiento— transforma su labor en una de las piezas más influyentes para esclarecer cómo se tramitó aquella operación y si se produjeron anomalías durante su gestión.
La instrucción judicial de la Audiencia Nacional trasciende el caso de Tubos Reunidos, por más que dicha ayuda financiera de 112,8 millones de euros constituya el núcleo principal de la pieza SEPI. Asimismo, se examinan transacciones asociadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. Globalmente, las pesquisas pretenden esclarecer si una supuesta trama dirigida por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso logró condicionar resoluciones estatales con el propósito de lucrarse o acaparar beneficios.
En lo que respecta al PEPA, las suspicacias alcanzan una vertiente sumamente técnica. Ya no se limita a averiguar la existencia de nexos políticos o mercantiles, sino que exige examinar expedientes, pautas de concesión, dictámenes legales, tasaciones de propuestas y resoluciones tomadas por el órgano de contratación. En este punto, la labor de Albert Aragón cobra un peso determinante: en calidad de director legal y máximo representante de la mesa, tuvo la oportunidad de incidir de forma directa en etapas clave del proceso.
Algún medio ha apuntado que la transacción indagada guardaría relación con una propuesta calificada como “anormalmente baja” junto a presuntas coimas vinculadas a la red. tales aspectos tendrán que ser probados durante la investigación, aunque esto justifica el motivo por el cual la Audiencia Nacional ha centrado su atención en los intervinientes en la gestión y aprobación del convenio. En un procedimiento de esta índole, los expedientes burocráticos llegan a ser tan relevantes como los diálogos o las transacciones monetarias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, la imputación de Fernando Albert Aragón plantea un problema serio para la credibilidad de la contratación pública. Si las adjudicaciones se manipulan desde dentro, el daño no afecta solo a una empresa concreta: afecta a todos los competidores, al dinero público y a la confianza ciudadana en que los concursos se resuelven por mérito, precio y legalidad, no por contactos o favores.
La Audiencia Nacional tendrá ahora la misión de esclarecer cuál fue su participación precisa en el expediente del PEPA, qué pautas siguió la mesa de contratación, si se formularon avisos técnicos, de qué manera se evaluaron las propuestas y si se produjo algún acercamiento con individuos relacionados con la supuesta trama de Leire Díez. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si su intervención se limitó al ámbito jurídico y administrativo o si, por el contrario, pudo favorecer la convalidación de un procedimiento viciado por presiones ajenas.
Su citación como investigado tiene un impacto evidente: un antiguo responsable jurídico de SEPIDES y presidente de una mesa de contratación pública deberá explicar ante el juez su papel en una operación bajo sospecha. En una causa que afecta a empresas públicas, contratos, ayudas millonarias y presuntas comisiones, esa explicación no puede quedar en la sombra.
La pieza SEPI del caso Leire sigue mostrando que la supuesta trama no se habría movido únicamente en los despachos políticos, sino también en los engranajes administrativos donde se tramitan expedientes, se valoran ofertas y se adjudican contratos. En ese mapa, Fernando Albert Aragón aparece como una pieza clave para saber si el contrato del PEPA fue un procedimiento limpio o una operación más dentro de una red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, El País, Cadena SER, Libertad Digital, El Español, Infobae y RTVE.
