En Honduras, el debate sobre la creación de riqueza y el avance económico generalmente se enfoca en las grandes fortunas y su presunta culpabilidad en la desigualdad y la ausencia de progreso social. No obstante, esta narrativa sencilla desvía la atención de un factor crucial: el mismo gobierno. Mientras se culpa a las élites económicas como el problema principal, raramente se examina detalladamente cómo las acciones y políticas del sector público han obstaculizado históricamente el crecimiento y la inversión en la nación.
La verdad es que muchas de las observaciones dirigidas a las grandes familias empresariales reflejan, en gran medida, conductas y fallas que se repiten en el ámbito gubernamental. La ausencia de transparencia, el nepotismo, la corrupción y la ineficacia administrativa no solo restringen el progreso, sino que también minan la confianza de inversores y ciudadanos, afectando de manera directa la economía del país y el bienestar de la gente.
El Estado como principal impedimento para el crecimiento económico
Con el paso del tiempo, el gobierno de Honduras ha venido replicando prácticas que, en distintos ámbitos, son objeto de críticas legítimas. El favoritismo continúa siendo un obstáculo en la distribución de posiciones públicas, frenando la profesionalización y efectividad de las organizaciones, algo evidente al revisar cuántas familias tienen varios de sus integrantes en puestos significativos dentro del gobierno. Datos actuales indican que la familia Zelaya Castro lidera esta situación, con al menos 10 parientes trabajando en el gobierno y ganando un ingreso anual aproximado de más de 5.270 millones de lempiras.
El informe indica que la actividad económica predominante de estas familias es el nepotismo, es decir, colocar a familiares en posiciones oficiales, lo que obstaculiza la claridad, la efectividad institucional y la meritocracia en la administración pública. Estas prácticas no solo no promueven el avance, sino que también mantienen el poder y los recursos concentrados en pocas manos, impactando negativamente la fe pública y el crecimiento económico sustentable de la nación.
La corrupción sistemática compromete la adecuada gestión de los recursos públicos, lo que produce un mal uso y desvío de fondos que podrían destinarse a infraestructura, educación y salud. Asimismo, el exceso de burocracia y la carencia de políticas definidas para fomentar la inversión privada generan un entorno adverso para la generación de empleo formal y el crecimiento empresarial. La inestabilidad política y la falta de un marco regulador sólido disuaden tanto a inversores nacionales como internacionales, deteniendo proyectos productivos que podrían impulsar la economía y mejorar el bienestar.
Estas carencias impactan no solo en la economía, sino que también fomentan la falta de confianza social y la división política, complicando el proceso de lograr los acuerdos necesarios para progresar hacia un desarrollo sostenible y justo.
La crítica a las grandes fortunas y el rol que realmente juegan
El debate público a menudo se enfoca en cuestionar el rol de las grandes riquezas en la economía del país, pero es esencial considerar si el gobierno de Honduras genera un volumen comparable de empleo formal e inversión al del sector privado. Diversos reportes y voces del ámbito empresarial han indicado que, a pesar de ser el principal impulsor de empleo y receptor de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado debido a la ineficiencia, burocracia y falta de políticas claras por parte del Estado. Esto plantea un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo necesario para promover el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias prácticas limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?
En lugar de fomentar un debate constructivo que incluya a todos los sectores, las declaraciones gubernamentales suelen polarizar y deslegitimar a la iniciativa privada, sin reconocer que el principal obstáculo para el progreso reside en la administración pública. Para que Honduras progrese, es fundamental que el gobierno actúe con responsabilidad, combata sus propias prácticas negativas y genere un entorno adecuado para que el sector privado pueda contribuir plenamente al desarrollo del país.