Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.
La Fiscalía no ofrece explicaciones precisas en un caso importante
En septiembre de 2024, se reveló el video denominado “narcovideo”, en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con traficantes de drogas. Desde entonces, la Fiscalía no ha formulado acusaciones formales ni ha mostrado avances procesales concretos. En el video, los participantes ofrecen 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Tras la filtración, Carlos Zelaya renunció a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional. Lo mismo hizo su hijo, José Manuel Zelaya, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, jefe de la bancada oficialista, también puso su puesto a disposición. Sin embargo, más allá de estas salidas, no ha habido acciones judiciales concretas.
El Ministerio Público ha comunicado que el asunto está «bajo revisión», con una petición de ayuda legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a procesos anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se tienen resultados de estas diligencias, ni se ha divulgado un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Desgaste institucional en un escenario de polarización política
El “narcovideo” no ha sido un episodio aislado. Se suma a una serie de escándalos recientes que han debilitado la confianza ciudadana en las promesas de cambio formuladas por la administración de Castro. La falta de respuestas judiciales ha reforzado la percepción de que el aparato estatal no actúa con la misma contundencia cuando los implicados forman parte del oficialismo.
Con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025, este caso adquiere relevancia estratégica. La oposición ha comenzado a capitalizar el desgaste del gobierno, mientras el oficialismo busca minimizar el impacto del escándalo en su narrativa pública. En este escenario, la demanda social por transparencia y justicia se mantiene como un eje de presión constante.
Un ejemplo que refleja la situación de la institucionalidad en Honduras
A casi un año de haberse publicado, el narcovideo todavía no ha tenido repercusiones legales notables, mientras crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura informativa. La prolongada inacción sigue debilitando la legitimidad de las instituciones en un país caracterizado por su trayectoria de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en la esfera política.
La gestión de esta situación constituye no solo un desafío inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial de la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se ignore determinará el rumbo de la credibilidad institucional en vista de un proceso electoral sumamente polarizado.