_-_copia.jpg "Requerimientos fiscales contra el CNE")
El supuesto lanzamiento de exigencias fiscales hacia los tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha provocado un debate político en Honduras, a poco más de un año de los comicios generales planeados para noviembre de 2025.
A pesar de que el Ministerio Público ha desmentido oficialmente la presencia de acusaciones específicas hacia Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, el comunicado sobre las indagaciones por supuestas anomalías en los comicios primarios del 9 de marzo ha suscitado preocupación entre figuras políticas y entidades de la sociedad civil, que temen que el sistema judicial pueda ser usado para socavar la independencia del órgano electoral.
Reacciones al accionar del Ministerio Público
El comunicado formal emitido por el Ministerio Público, liderado por el fiscal general Johel Zelaya, afirma que no se han dado instrucciones concretas contra los integrantes del CNE. No obstante, Zelaya mismo admitió que hay al menos seis solicitudes vinculadas a problemas logísticos identificados en el último proceso electoral, incluyendo el traslado de insumos, el funcionamiento del sistema biométrico y la entrega de las maletas electorales.
Organizaciones como Defensores de Honduras han indicado que estas acciones quizás sean parte de una táctica para influir políticamente en el CNE, alertando sobre una potencial «embestida judicial» destinada a debilitar la institucionalidad del organismo electoral. Esta inquietud también ha sido expresada por grupos opositores, como el Partido Liberal, quienes consideran excesiva e imparcial la postura del Ministerio Público. De acuerdo con esta agrupación política, cualquier investigación debería considerar también a otros partícipes del proceso electoral, como las Fuerzas Armadas, que colaboraron en la organización de las elecciones.
La crítica más habitual se centra en lo que se considera un proceder selectivo y rápido por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, se ha cuestionado el poco tiempo que se le dio al CNE en ciertas situaciones, únicamente tres horas para proporcionar la información requerida durante las investigaciones, lo cual es visto por diversos sectores como una manera de ejercer presión institucional.
Tensiones institucionales y riesgo de judicialización electoral
La coyuntura presenta un panorama complicado para la institucionalidad democrática de la nación. Desde diversos sectores opositores se ha señalado que una posible intervención judicial en el CNE podría llevar a la paralización de sus actividades o incluso a la destitución de algunos de sus consejeros, lo que impactaría en la organización y dirección del proceso electoral de 2025. La posibilidad de que se establezca un control político sobre el organismo electoral es considerada una amenaza directa a la transparencia y la credibilidad de las próximas elecciones.
La preocupación por un posible judicialización del proceso de elecciones no es una novedad en el panorama político de Honduras, pero cobra más importancia con la cercanía de las elecciones generales. La idea de que se podrían emplear mecanismos legales con objetivos políticos fomenta un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos, lo que debilita la participación y la credibilidad de las instituciones responsables de asegurar el derecho al voto.
Solicitudes de ecuanimidad y vigilancia del procedimiento
Ante este escenario, diversos sectores han enfatizado la importancia de mantener el equilibrio institucional y asegurar una justicia justa. Convienen en que cualquier indagación sobre anomalías en el proceso electoral debe llevarse a cabo con precisión técnica, claridad y sin inclinaciones políticas. Asimismo, destacan el valor de la vigilancia constante por parte de la ciudadanía, las entidades de observación electoral y la comunidad global para garantizar la equidad en el proceso democrático.
El incidente también destaca la debilidad de los mecanismos de equilibrio institucional en Honduras. Sin una reforma estructural que refuerce la autonomía de los organismos de supervisión y control, situaciones como esta suelen reactivar las tensiones entre los poderes del Estado y fomentar la polarización política.
Un reto para la estabilidad de la democracia
A medida que las indagaciones sobre las anomalías en las elecciones primarias progresan, toda la atención se enfoca en cómo el Ministerio Público y el sistema judicial abordarán el asunto. La pregunta principal sigue siendo: si estas medidas tienen como objetivo aclarar hechos específicos o si son resultado de un cálculo político con miras a las elecciones de 2025.
La resolución de este interrogante determinará no solo el futuro de los consejeros mencionados, sino también la confianza en el proceso electoral en su totalidad. En un entorno donde la desconfianza hacia las instituciones aumenta, la claridad, el cumplimiento de la ley y la responsabilidad se convierten en requisitos esenciales para mantener la legitimidad democrática en Honduras.