Las elecciones de Honduras para el año 2025 están siendo notablemente influenciadas por una cadena de eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión en torno a la integridad democrática nacional. Un reporte de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha atribuido a las Fuerzas Armadas importantes errores logísticos en las elecciones primarias, a la vez que las decisiones recientes sobre el desarme de ciertos oficiales han provocado dudas sobre la imparcialidad del sistema militar.
Además, hay pronunciamientos de especialistas en derecho constitucional que sugieren modificar la Constitución para excluir a las Fuerzas Armadas de cualquier tarea relacionada con elecciones, en un entorno donde la credibilidad pública en los procedimientos y resultados está en su punto más bajo.
Revisión del CNE y discusión sobre el rol militar en elecciones
El reporte de revisión interna del CNE, divulgado a la prensa nacional, especificó que la demora, falta de cumplimiento y falta de organización en la entrega de los materiales electorales en varios centros de votación fueron resultado de fallas en la adherencia al protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, quienes eran responsables de la protección y el reparto de las cajas electorales.
Entre los descubrimientos más importantes se destacaron cambios de rutas sin justificación, retención de vehículos de transporte electoral durante varias horas, entrega parcial de equipos tecnológicos en áreas rurales y falta de comunicación entre líderes militares y coordinadores electorales. Estos incidentes ocasionaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de mesas, afectando la participación de los ciudadanos y generando incertidumbres sobre la transparencia del proceso, especialmente con respecto al Partido LIBRE, que ya había sido objeto de denuncias por irregularidades.
El informe fue divulgado en un momento de elevada tensión política, con un aumento del miedo a que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los altos mandos militares no han hecho una declaración oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido callado, lo cual ha sido visto por ciertos grupos como un indicio de complicidad.
Ante esta situación, partidos de oposición como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han exigido una revisión total del convenio de apoyo logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la presencia temprana de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados.
Desarme selectivo de oficiales y tensiones internas en las Fuerzas Armadas
En el contexto de la división política, la elección del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de retirar las armas de manera selectiva a ciertos oficiales ha causado inquietud en sectores militares, políticos y civiles. De acuerdo con fuentes castrenses y reportes recogidos por medios del país, el desarme no se ejecuta de manera general ni por motivos técnicos o de seguridad, sino únicamente a oficiales que han mostrado posturas institucionales autónomas o críticas hacia el gobierno.
Esta acción ha sido vista como un esfuerzo por realizar una limpieza discreta en el sector militar, quebrando la costumbre de imparcialidad y despertando dudas acerca del propósito de asegurar un dominio político completo sobre el sistema de seguridad del país frente a las elecciones generales.
El desarme dirigido se añade a una lista de medidas recientes, tales como modificaciones en el liderazgo militar y reubicaciones obligatorias, que han aumentado la fricción y la insatisfacción dentro de la organización, sobre todo entre mandos intermedios y superiores. Algunos de los oficiales a los que se les ha retirado sus armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo cual se interpreta como un método para separarlos de las operaciones y del proceso electoral.
El temor principal entre líderes de oposición y sectores democráticos es que, ante una posible derrota del oficialismo en las urnas, el Gobierno utilice a las Fuerzas Armadas para desconocer los resultados o reprimir manifestaciones ciudadanas.
Estos sucesos han intensificado el debate en todo el país sobre la urgencia de actualizar y proteger los procesos electorales contra cualquier tipo de intervención armada, especialmente considerando que la estabilidad democrática en Honduras está en entredicho. La presión tanto social como política para que el Congreso realice una reforma constitucional que reevalúe la función de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema primordial en la agenda pública con miras a las futuras elecciones generales.