Un conjunto amplio de actores sociales, económicos y religiosos ha expresado públicamente su preocupación por lo que consideran un retroceso en la institucionalidad democrática de Honduras bajo la administración del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las denuncias apuntan a una centralización creciente del poder, una agenda gubernamental distante de las prioridades sociales y el uso de prácticas clientelares en la gestión pública.
Denuncias por concentración de poder y deterioro democrático
Miembros del ámbito empresarial, de la academia, de organizaciones de la sociedad civil y líderes de la comunidad religiosa han coincidido en destacar que la administración actual ha disminuido las oportunidades para la participación democrática, concentrando decisiones clave en el poder Ejecutivo. Esta tendencia, alertan, debilita el balance entre los poderes y pone en riesgo la autonomía de las instituciones.
Uno de los puntos principales de la crítica es la supuesta carencia de transparencia en el proceso de toma de decisiones y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional. Estos grupos advierten sobre el empleo de discursos ideológicos que, en lugar de atender las necesidades ciudadanas más inmediatas, intensifican la polarización política y restringen el debate democrático.
Del mismo modo, señalan que los compromisos de reforma gubernamental han sido sustituidos por sistemas de lealtad política, prevaleciendo el clientelismo sobre el mérito, lo cual perjudica tanto la eficiencia del servicio público como la confianza en el sistema estatal.
Demandas para un nuevo camino de gobernanza
En este contexto, las instituciones que han expresado su opinión señalan la importancia de modificar la dirección del país. Entre las solicitudes prioritarias, sobresale el desarrollo de una agenda económica centrada en la creación de empleo, la atracción de inversiones y el aseguramiento de la seguridad legal.
Reforzar el sistema de salud público y elevar la calidad de la educación también se encuentran entre las prioridades mencionadas, al igual que la restauración del diálogo político y la finalización de las prácticas de acoso contra quienes critican o disienten.
Los sectores que promueven este llamado coinciden en que es urgente una hoja de ruta clara que permita atender los problemas estructurales del país sin recurrir a estrategias de confrontación. La ciudadanía, afirman, requiere respuestas concretas y sostenibles, no narrativas políticas que profundicen el desgaste institucional.
Malestar social y creciente desconfianza ciudadana
El rechazo hacia el modelo de gobierno actual ha comenzado a trascender los círculos organizados y a extenderse en distintos segmentos de la población. La sensación de hartazgo, expresada por voceros empresariales, académicos y líderes eclesiásticos, da cuenta de una creciente desconexión entre el discurso oficial y las condiciones materiales de vida de la mayoría.
Los sectores encuestados indican que la ausencia de resultados concretos ante la crisis económica y social, junto con acciones autoritarias, ha aumentado la falta de confianza de los ciudadanos hacia las entidades. Este ambiente, afirman, no solo amenaza la estabilidad gobernativa, sino que también restringe las opciones de lograr acuerdos fundamentales sobre reformas esenciales.
Un ambiente de creciente tensión en las instituciones
La articulación de voces críticas desde diversos sectores refleja un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de LIBRE y amplios segmentos de la sociedad hondureña. El llamado conjunto a abandonar la polarización y retomar el diálogo subraya la urgencia de redefinir las prioridades del país en un marco democrático.
En este marco, el reto para las instituciones es actuar con claridad, sinceridad y dedicación frente a una sociedad que exige transformaciones profundas más allá de las palabras. Las actuales tensiones ponen de manifiesto una crisis de confianza y, simultáneamente, la urgencia de reestablecer vías genuinas de representación y participación para abordar los desafíos nacionales.