La Propuesta de Ley de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las posibles consecuencias en la economía y la producción nacional. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se plantea como un mecanismo para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de distintas maneras por diversos agentes económicos y sociales.
El plan incluye la abolición de esquemas de exención impositiva, el incremento de los impuestos y otorgar más flexibilidad al gobierno en la gestión de incentivos financieros. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como una indicación negativa para la inversión y la manufactura, lo que ha provocado incertidumbre y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Diferentes grupos empresariales, asociaciones comerciales e inversores tanto locales como internacionales han expresado que el anteproyecto de ley podría tener un impacto negativo sobre la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas económicas especiales y del sector agroindustrial estarían considerando la posibilidad de salir del país o disminuir sus operaciones, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que se presentó el esbozo de la normativa, se han informado cierres de negocios pequeños y medianos, particularmente en las áreas de textiles, logística y exportación, que funcionaban bajo beneficios tributarios. En lugares como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han empezado a despedir empleados, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las principales razones. Esta condición pone en peligro miles de puestos de trabajo y podría empeorar si el plan no se modifica o se frena. El COHEP también indica que el desarrollo económico podría sufrir una importante desaceleración en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la economía informal serían consecuencias inevitables de su instauración.
Entorno regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria también tiene lugar en un entorno político y regional particular. La supresión de los incentivos fiscales podría distanciar a Honduras de las políticas que han ayudado a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana a conservar regímenes que atraen inversiones y garantizan estabilidad fiscal, vistos como elementos esenciales para su competitividad. Esta situación podría influir en la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a nuevos inversores como a los existentes, quienes podrían considerar mover su capital a países con condiciones más propicias para el crecimiento empresarial.
La situación política e ideológica ha afectado la manera en que se percibe el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales consideran que el mensaje oficial del gobierno se muestra antagonista hacia el sector privado y se asocia con enfoques económicos que han traído cambios fundamentales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una potencial modificación del modelo económico del país sin un esquema técnico o una proyección clara de sostenibilidad.
En contraste, los partidarios de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones tributarias han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para costear iniciativas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de estas exenciones beneficia al 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las empresas restantes solo obtiene el 8 % de estos privilegios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el estado perdió 455 mil millones de lempiras debido a estos esquemas.
El proyecto no introduce nuevos impuestos ni incrementa las tasas existentes, sino que pretende cerrar brechas legales y aumentar la recaudación de impuestos directos a grandes empresas y patrimonios, con el objetivo de reducir la inequidad en el cobro de tributos. Sin embargo, la eliminación de regímenes fiscales históricos, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente durante 40 años, podría obligar al cierre de numerosas empresas que operan bajo este esquema. El COHEP ha señalado que la propuesta de garantía de convertibilidad inmediata al RIT podría ser interpretada como una medida que afecta la liquidez y sostenibilidad de las empresas.
Honduras se encuentra ante un significativo reto en su economía
El debate en torno a la Reforma de la Legislación Tributaria sigue siendo un tema controversial y dividido. Mientras ciertos sectores opinan que puede establecer las bases para un sistema impositivo más justo y equitativo, otros alertan que su implementación podría empeorar la situación económica, incrementar el desempleo y causar la fuga de capitales. La resolución final en el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.