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A cuatro meses de las elecciones generales planificadas para el 30 de noviembre, la administración de la presidenta Xiomara Castro se encuentra ante un aumento en la desaprobación del público. Encuestas y evaluaciones independientes indican una caída continua en el apoyo hacia el gobierno, mientras que grupos sociales, económicos y políticos manifiestan su inquietud por lo que perciben como una gestión que no ha logrado avances tangibles en aspectos como seguridad, empleo y transparencia.
Observaciones sobre la administración del gobierno
Varios representantes de la sociedad nacional, incluyendo asociaciones empresariales, sindicatos y grupos civiles, han expresado su desacuerdo con la dirección que ha seguido el país bajo la gestión del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las objeciones se basan en el empeoramiento de la situación económica, el incremento de la inseguridad y la ausencia de políticas públicas adecuadas para abordar los problemas fundamentales.
Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran el estancamiento de la economía y la continuidad del desempleo, junto con una percepción creciente de animosidad hacia la empresa privada. En este escenario, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores han expresado su preocupación por lo que consideran un uso partidista del poder estatal, acompañado de un discurso ideológico que no ha resultado en mejoras significativas en la calidad de vida de la gente.
Controversias y falta de confianza en las instituciones
La insatisfacción general se ha intensificado con las recientes polémicas que han afectado la reputación del gobierno. Ejemplos como el supuesto desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la falta de claridad sobre el fraude financiero vinculado a la plataforma Koriun han aumentado la percepción de falta de transparencia e impunidad. Asimismo, el silencio gubernamental ante las acusaciones de posibles relaciones con el narcotráfico ha incrementado el escepticismo del público.
Estos eventos han suscitado dudas respecto al compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción, fundamentos que se encontraban entre las promesas destacadas de campaña. La suma de estos acontecimientos ha influido directamente en las encuestas, donde la presidenta y su partido presentan una disminución constante en los índices de respaldo.
Llamados a la participación y vigilancia ciudadana
Ante el aumento del descontento, diversas opiniones de la sociedad civil están abogando por una implicación más activa en el proceso democrático. Colectivos ciudadanos han resaltado la importancia de reforzar la supervisión electoral, asegurar la autonomía de las instituciones y demandar que las prioridades del país se enfoquen en el bienestar común, más allá de las narrativas partidistas.
El clamor por un gobierno más eficaz y rendidor ha ganado impulso en tiempos recientes, especialmente entre las comunidades que expresan sentirse excluidas de las determinaciones del gobierno. Esta situación puede tener un fuerte impacto en la dinámica de las elecciones que se aproximan en noviembre, durante las cuales el partido en el poder intentará mantener su posición frente a una población cada vez más crítica y exigente.
Una situación caracterizada por el desinterés en la política
La situación actual refleja una fractura entre las expectativas generadas en el inicio del mandato de Xiomara Castro y los resultados percibidos por la población. Las promesas de transformación, justicia social y recuperación institucional contrastan con una realidad marcada por la precariedad económica, el debilitamiento de la confianza en el aparato estatal y el resurgimiento de prácticas cuestionadas por distintos sectores.
En este contexto, el desafío para el gobierno será restablecer la credibilidad y generar consensos que permitan atender las urgencias sociales sin profundizar la polarización. La evolución de esta coyuntura política definirá no solo el desenlace electoral de noviembre, sino también el rumbo institucional del país en los años venideros.