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El establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos más importantes de campaña de la presidenta Xiomara Castro, se ha postergado otra vez tras la quinta renovación del acuerdo con Naciones Unidas. El anuncio, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales vitales para que el mecanismo anticorrupción funcione adecuadamente.
El estancamiento ha dado lugar a renovadas críticas de varios sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, que ven la demora como un indicio de la disminución del compromiso del gobierno con la lucha contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente en cuanto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, obstaculiza la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se presentó un segundo proyecto formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas institucionales y comunitarias
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, la realización de esta iniciativa requiere de modificaciones legales y constitucionales que necesitan ser ratificadas por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
En reacción a la reciente extensión, sectores clave han manifestado su descontento con la gestión del procedimiento. Una legisladora del Partido Nacional describió la extensión como “un golpe al pueblo que confiaba en la promesa de justicia”, mostrando el descontento dentro del sector opositor político. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que frena el progreso del proyecto.
Obstáculos políticos y desgaste público
La implementación de la CICIH se topa con varios desafíos en el ámbito político. Se encuentran, entre estos, las modificaciones estructurales que implicarían la eliminación de protecciones legales que son vistas por ciertos grupos sociales como un impedimento para luchar eficazmente contra la corrupción. Diversos sectores han señalado la ausencia de disposición política en el Congreso como una de las razones primordiales del bloqueo.
A más de dos años del inicio de la actual gestión de Castro, las organizaciones de sociedad civil y redes ciudadanas denuncian un distanciamiento entre las promesas iniciales y las acciones efectivas. Desde estos sectores se señala que la postergación reiterada de decisiones clave ha erosionado la confianza en la administración y en el sistema institucional en su conjunto.
Solicitudes de intervención y presión global
El actualizado acuerdo de cooperación no señala un plazo específico para la implementación de la CICIH, lo que, de acuerdo con analistas internacionales, podría comprometer la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de estancamiento ha creado desconfianza en agentes externos, lo que podría resultar en consecuencias adversas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para mejorar su institucionalidad democrática.
En esta situación, varias personas han sugerido que es esencial liberar el proceso aprobando rápidamente las reformas necesarias, lo cual posibilitaría concretar un pacto final con la ONU. Afirman que estas medidas no solo activarían un sistema para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Escenario institucional indefinido
El aplazamiento del procedimiento para establecer la CICIH refleja las complejidades estructurales que enfrenta Honduras para desarrollar un sistema autónomo y efectivo. La constante presencia de barreras jurídicas, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantiene en pausa una de las principales iniciativas para combatir la impunidad en el país.
El asunto destaca los conflictos entre los compromisos internacionales del Gobierno y las dinámicas internas del Congreso, además del reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales efectivas. Por otro lado, el país sigue sin un mecanismo de apoyo externo para investigar casos de gran relevancia, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de los esfuerzos institucionales contra la corrupción a corto y mediano plazo.