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La indignación de los más de 35.000 hondureños afectados por la estafa piramidal de Koriun Inversiones continúa creciendo, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) enfrenta críticas por su inacción ante el fraude. Los afectados denuncian el abandono por parte del organismo encargado de la supervisión financiera y acusan una falta de respuesta tanto en el ámbito judicial como administrativo.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que se reportaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, sin embargo, no implementó acciones efectivas para evitar la magnitud del fraude. Aunque recibieron avisos formales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control durante meses. Actualmente, los responsables de la estafa siguen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
Nos aseguraron que investigarían, que tomarían medidas, sin embargo, la CNBS ha sido partícipe por inacción. Actualmente, nos encontramos sin respuestas, sin fondos, y sin justicia», afirmó uno de los perjudicados ante la prensa. Este sentir de desamparo es compartido por numerosos individuos, quienes se perciben defraudados tanto por los responsables inmediatos de Koriun como por las autoridades que, según indican, debieron haber actuado previamente.
La falta de transparencia y las sospechas de impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Diversos sectores del país han señalado que la CNBS no solo falló en detectar el fraude a tiempo, sino que también ha sido omisa al no proporcionar la información pertinente sobre el manejo de la situación. Según un abogado defensor de los afectados, esta falta de acción del organismo supervisor no hace más que agravar la situación: «Es insostenible que un organismo supervisor no haya detectado una estafa de esta magnitud a tiempo. No solo fallaron en prevenir, hoy fallan en dar la cara».
Llamados a la intervención internacional
Ante el vacío institucional y la creciente frustración entre los afectados, varios grupos de víctimas han decidido llevar su reclamo más allá de las fronteras nacionales. Organizaciones civiles y personas afectadas están solicitando formalmente el acompañamiento de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. La intención de estas solicitudes es que estos organismos vigilen el manejo de la crisis y, en particular, la actitud de las instituciones hondureñas frente al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado tiene la responsabilidad de resguardar a la población, no de proteger a los defraudadores. Esto constituye un doble delito: el que llevó a cabo Koriun y el que perpetúa la CNBS al permanecer inactiva». Esta percepción ilustra la desconfianza hacia la habilidad de las autoridades del país para combatir el fraude y asegurar que se actúe con justicia.
La presión institucional y el reto de la administración
El problema revela nuevamente las debilidades del sistema de control financiero en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la equidad y claridad. La ausencia de una reacción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la habilidad del Estado para gestionar crisis similares, lo cual podría tener consecuencias más amplias en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la administración del país.
Las personas perjudicadas continúan aguardando una solución que les deje recuperar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y el secretismo en torno al caso resaltan un reto constante para las autoridades en Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente al aumento de la duda en la gestión de crisis similares.