Con el acercamiento de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) está siendo objeto de acusaciones por parte de la oposición, quienes señalan la posible planificación de un fraude electoral para conservar el poder. Los partidos en oposición, como el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, han manifestado inquietudes acerca de la claridad del proceso electoral.
Los dirigentes de estos grupos resaltan un aumento en el descontento ciudadano hacia LIBRE, el deterioro de su imagen pública y la falta de popularidad de su candidata, Rixi Moncada. Además, han reportado tácticas que insinúan un posible fraude, como el control parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación en el conteo de votos de las elecciones primarias de marzo, la depuración selectiva de las Fuerzas Armadas y las presiones a medios críticos. También se menciona el empleo de extensas campañas de propaganda estatal y el uso de subsidios y recursos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Alegaciones de estafa y preocupaciones del bando opositor
Las alegaciones de la oposición abarcan señales de alteración de los resultados de las elecciones, uso de la justicia para intimidar a opositores y miembros del CNE, presencia militar en el proceso y limitaciones a la prensa libre junto con una censura digital amplia antes de los comicios. Además, existe el miedo de que se proclame un estado de emergencia anticipadamente si ocurren manifestaciones ciudadanas, sumado a la inquietud de que el poder gubernamental trate de invalidar los resultados, anule mesas de votación clave o detenga la elección bajo pretextos de mantener el orden público o proteger la seguridad nacional.
Reclamos sobre garantías y supervisión Global
Frente a esta situación, las agrupaciones opositoras han pedido la intervención precoz y directa de observadores de la OEA, la UE y otras entidades internacionales, una revisión independiente del software electoral y garantías públicas del CNE para asegurar claridad, justicia y responsabilidad. Además, han instado a una movilización pacífica de la ciudadanía para resguardar el sufragio y supervisar el desarrollo del proceso desde sus cimientos.
La acusación de un potencial engaño ha incrementado la tensión política y ha puesto en peligro la estabilidad democrática de la nación. La población ve con recelo un proceso en el que se percibe al organismo electoral como sesgado, y donde el partido gobernante parece más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad ciudadana. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis posterior a las elecciones, con impactos para la gobernabilidad, la economía y la tranquilidad social.