Honduras se prepara para los comicios generales en un contexto de aumento de preocupaciones. Alegaciones de irregularidades, esfuerzos por ejercer control sobre instituciones y agresiones a la libre prensa lanzan sombras sobre la integridad del proceso electoral, causando preocupación sobre la habilidad del país para realizar elecciones justas y claras.
La alerta debido a la serie de eventos que han generado alarma y desconfianza entre diversos sectores de la sociedad se centra en la posible instrumentalización de instituciones clave, como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de influir en el resultado de los comicios y favorecer a determinados intereses políticos.
Intento de llevar al CNE a tribunales y peligros para la independencia del proceso electoral
El encendido de alarmas se ha producido por la posible preparación de acusaciones por parte del Ministerio Público contra consejeras del CNE, con la intención de desestabilizar al órgano electoral y asegurar el manejo del proceso por parte del oficialismo. Fuentes del ámbito político han señalado movimientos atípicos dentro del sistema judicial que indican una inminente acusación por presuntas irregularidades administrativas o abuso de autoridad contra consejeras percibidas como independientes o críticas de la influencia política del partido LIBRE sobre el CNE.
Analistas y dirigentes opositores han descrito este supuesto plan judicial como una táctica política destinada a socavar la estructura del CNE y desplazar a aquellos que no están en línea con el proyecto de poder del oficialismo. Existe el temor de que una acusación formal obligue a las consejeras a dejar sus puestos, facilitando así el nombramiento de sucesores afines al gobierno.
Organismos de derechos humanos y redes ciudadanas han alertado sobre un posible «golpe institucional encubierto» que busca reconfigurar el árbitro electoral a favor del partido de gobierno en plena recta final hacia las elecciones. Ante esta situación, diversos sectores han solicitado la intervención de la comunidad internacional para monitorear las acciones del Ministerio Público y garantizar la independencia del ente electoral.
Ataques a la prensa y restricciones a la libertad de información
En este contexto de creciente polarización política, el periodismo en Honduras enfrenta una de sus etapas más oscuras desde el retorno a la democracia, con denuncias crecientes de acoso, intimidación, censura y agresiones contra medios de comunicación y periodistas independientes, provenientes tanto de funcionarios del gobierno como de elementos de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) han emitido alertas urgentes, advirtiendo que en Honduras se está consolidando un patrón de represión informativa orquestado desde el poder para acallar voces críticas, desinformar al pueblo y garantizar el control total del discurso público rumbo a las elecciones.
En meses recientes, se han documentado ataques físicos a periodistas mientras cubrían manifestaciones, acoso digital orquestado hacia comunicadores críticos, limitaciones en el acceso a datos públicos y amenazas anónimas dirigidas a reporteros que indagan sobre corrupción.
A lo largo de la cobertura de manifestaciones, se ha registrado la presencia de fuerzas armadas acosando a equipos de periodistas, solicitando documentos de identificación, bloqueando transmisiones y requisando equipos de reporteros. Además de la represión tanto física como digital, el gobierno ha iniciado una campaña de estigmatización en contra de medios independientes y periodistas reconocidos, calificándolos de «enemigos del pueblo» o «causantes de inestabilidad».
Riesgos para la integridad del proceso electoral
La suma de estos elementos —el intento de llevar al CNE a los tribunales, las críticas al rol de las Fuerzas Armadas y los ataques a los medios— crea un ambiente de inseguridad respecto a la honestidad del proceso electoral en Honduras. La potencial manipulación de instituciones vitales y la limitación de la libertad de prensa constituyen graves riesgos para la transparencia y la justicia de las elecciones.
Frente a este escenario, varios grupos dentro de la sociedad han instado a la comunidad global a observar cuidadosamente la situación y a demandar garantías de apertura y respeto a los derechos esenciales para garantizar que la población de Honduras tenga la oportunidad de seleccionar a sus líderes en un entorno de libertad y democracia.