La Casa Blanca se moviliza contrarreloj para salvar su estrategia comercial, seriamente dañada tras la sentencia del miércoles que anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha advertido que, si los tribunales inferiores no suspenden la ejecución del fallo, pedirá este mismo viernes al Tribunal Supremo que mantenga las tasas vigentes a las importaciones, alegando que su eliminación supondría “daños irreparables” para la economía y la seguridad nacional.
La sentencia constituye el más significativo revés jurídico para Trump desde el comienzo de su segundo mandato. Sus abogados han pedido acciones cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el Ejecutivo advierte que, si se lleva a cabo la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con varios países podrían colapsar inmediatamente”, a pesar de que, en realidad, Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Planteamientos reiterados, sin nueva justificación
El Gobierno insiste en los mismos argumentos esgrimidos durante el proceso: que los tribunales no tienen potestad para cuestionar la decisión presidencial de invocar leyes de emergencia para imponer aranceles, y que existe jurisprudencia —como la de Richard Nixon— que valida este tipo de medidas. Sin embargo, la sentencia judicial analiza precisamente ese precedente y lo usa para desmontar la legalidad de la actuación de Trump.
La solicitud al Supremo subraya que, sin una suspensión inmediata, “incluso si los aranceles se confirman más adelante, el daño causado ya no podrá revertirse”. El Gobierno advierte que podría perder ingresos fiscales, ver comprometidas negociaciones internacionales y quedar expuesto a represalias comerciales.
El fallo: un revés para la táctica y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal Internacional de Comercio decidió por unanimidad que los aranceles extensivos impuestos por Trump son ilegales, al determinar que el presidente se extralimitó en sus poderes constitucionales y transgredió la legislación al utilizar incorrectamente una ley de emergencia.
El fallo revoca, entre otras cosas, los aranceles del 25% que se aplicaron a Canadá y México, y del 20% a China, así como los controvertidos “aranceles recíprocos” impuestos mundialmente bajo el pretexto de luchar contra el fentanilo y regular la inmigración. Estas disposiciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Tensión política y judicial
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha criticado duramente el fallo, calificándolo de “extralimitación judicial” y acusando a “jueces no elegidos” de entrometerse en decisiones del Ejecutivo. “Estados Unidos no puede funcionar si un presidente ve cómo sus negociaciones se ven bloqueadas por jueces activistas”, declaró.
Stephen Miller, vicejefe de gabinete, fue aún más lejos: “Nos encontramos bajo una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, quien lidera el Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que cree en la posibilidad de que el fallo sea anulado en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está trabajando en un recurso sobre el tema central que aún no ha sido entregado.
División ideológica en el Supremo
El Tribunal Supremo, en el que Trump cuenta con tres de los seis jueces que integran la mayoría conservadora, podría desempeñar el papel de árbitro final. Pero, este balance ideológico no asegura un fallo positivo. La decisión revocada fue respaldada unánimemente por jueces nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una importancia institucional que es complicado ignorar.
El gabinete respalda los aranceles
La gravedad de la situación llevó a cuatro miembros del Gabinete a presentar declaraciones formales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, alertó de que la anulación de los aranceles “socavaría” acuerdos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió del riesgo de ruptura de negociaciones en curso. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una distorsión de las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, considera que el fallo pone en peligro la política exterior y la seguridad nacional.