La situación de Koriun Inversiones ha provocado un fuerte debate en Honduras, tras descubrirse un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35.000 personas. La denuncia pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La actuación de las autoridades, la garantía de recursos y la respuesta de los inversionistas han mostrado una falta de confianza en el sistema financiero del país. La investigación sigue en curso, mientras aparecen dudas acerca de la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.
Fraude Ponzi y operaciones no reguladas de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba mediante un esquema Ponzi, un método que implica recibir dinero de inversores recientes para abonar beneficios a los anteriores, sin producir ganancias reales. La compañía garantizaba una rentabilidad del 5 % semanal, lo que se traduce en un 20 % mensual, asegurando a los clientes recuperar su capital en un lapso de cinco meses. No obstante, la viabilidad del modelo dependía del flujo constante de nuevos inversores, lo cual finalmente provocó el colapso y pérdidas económicas significativas para miles de individuos.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) verificó que Koriun Inversiones no estaba autorizada para funcionar como entidad financiera. A lo largo de las inspecciones en varias sucursales y casas de administradores, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo, guardadas de manera no oficial en cajas y bolsas. Además, se descubrieron importantes transacciones financieras, como el retiro de 400 mil dólares efectuado por ciudadanos de EE. UU. vinculados al comienzo del fraude en 2017.
Alegaciones sobre salvaguardias políticas y quiebras de confianza
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones se llevó a cabo con el respaldo de personalidades políticas, fiscales y funcionarios estatales. Castro criticó la ausencia de intervención rápida de las entidades de supervisión y demandó una investigación completa para identificar a los responsables de facilitar o tolerar la estafa. También se destacó el involucramiento de alcaldes que promovieron la compañía y la falta de respuesta de los fiscales ante las advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó protestas de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de su dinero y expresaron miedo a perder sus ahorros. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y la restitución a los inversores en lo posible, aunque se prevé que el procedimiento será complicado y extenso. El incidente ha destacado la fragilidad de las personas frente a esquemas financieros no regulados y la urgencia de mejorar los sistemas de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.