_-_copia.jpg "Crisis del crecimiento económico en Honduras")
En un contexto de alta vulnerabilidad social y tensiones económicas persistentes, el desempeño macroeconómico de Honduras en 2025 presenta señales contradictorias. Aunque las proyecciones oficiales estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 3.5 % y el 4 %, diversos análisis coinciden en que este ritmo resulta insuficiente para revertir los altos niveles de pobreza y desigualdad que afectan a más del 60 % de la población, especialmente en zonas rurales y entre la juventud.
Crecimiento limitado frente a una pobreza estructural
El avance económico, aunque sigue siendo positivo, no se ha convertido en beneficios reales para la mayoría de la población en Honduras. Expertos especializados señalan que este comportamiento no se debe a una transformación productiva ni a políticas de redistribución sostenibles, sino más bien a una tendencia que deja al país atrapado en un ciclo de baja productividad y gran dependencia del exterior.
La circunstancia es especialmente crítica para los sectores que han sido históricamente excluidos del avance económico. Las áreas rurales, que presentan elevados niveles de pobreza multidimensional, y la juventud enfrentan obstáculos constantes para acceder a empleos decentes, educación técnica y servicios públicos de calidad, lo cual impide el ascenso social y perpetúa ciclos de marginación entre generaciones.
Desempleo juvenil, informalidad y precarización del trabajo
La estructura del mercado laboral evidencia un deterioro que va más allá de los indicadores macroeconómicos. Según los últimos datos disponibles, más de 386.000 personas se encuentran fuera de la fuerza laboral tras abandonar la búsqueda activa de empleo. A esto se suman 1.6 millones de trabajadores en condiciones de informalidad o subempleo, sin acceso a seguridad social ni a derechos laborales básicos.
El desempleo juvenil constituye una de las expresiones más críticas de esta situación. Más de 750.000 jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral y las proyecciones apuntan a un aumento de al menos 150.000 nuevos casos durante 2025. Esta exclusión genera efectos de largo alcance en la cohesión social, al propiciar procesos de migración forzada o, en contextos más adversos, la incorporación de jóvenes a economías ilícitas.
A su vez, la informalidad y los salarios por debajo del mínimo dificultan la cobertura de necesidades básicas. El costo de la canasta básica ronda los 15.500 lempiras mensuales, una cifra inalcanzable para buena parte de los hogares, lo que empuja a las familias a estrategias de sobrevivencia como el endeudamiento o la migración.
Inflación persistente y endeudamiento familiar
La inflación anual continúa por encima del 4.5 %, afectando directamente a los alimentos, servicios públicos y productos esenciales. Este fenómeno reduce el poder de compra de las familias y amplía la diferencia entre ingresos y costo de vida.
Asimismo, se ha observado un aumento continuo en la deuda de las familias hondureñas, limitando aún más su capacidad de consumo y ahorro. Al mismo tiempo, aproximadamente el 40 % de las compañías no paga el salario mínimo, lo que refleja una deficiente regulación del mercado laboral y una escasa capacidad de control estatal.
Ausecia de paz, desplazamiento y ruptura del tejido social
La situación económica complicada se une a otros elementos de riesgo que impactan directamente la estabilidad social. Honduras sigue destacando entre las naciones con altos niveles de violencia en el mundo, una situación impulsada por el desempleo, la inequidad y la falta de oportunidades.
La migración sigue siendo una salida frecuente para miles de hondureños, especialmente jóvenes. Las remesas, que representan cerca del 25 % del PIB nacional, sostienen a un amplio sector de la población, pero también reflejan una dependencia creciente de ingresos externos y exponen al país a vulnerabilidades frente a políticas migratorias de otras naciones, como Estados Unidos.
La falta de empleo y perspectivas económicas no solo impulsa la migración, sino que también contribuye a la desintegración del tejido social, al dejar a amplios sectores fuera del circuito productivo y de los mecanismos de protección del Estado.
Un panorama que desafía la gestión gubernamental
La brecha entre los datos macroeconómicos y la vida diaria de los habitantes de Honduras presenta importantes retos para las instituciones. Aunque las declaraciones oficiales se enfocan en resaltar signos de estabilidad, la realidad estructural muestra un sistema económico que no consigue acabar con la exclusión ni disminuir las debilidades sociales.
Esta desconexión pone en tensión la legitimidad de las políticas públicas y subraya la necesidad de reformas orientadas a la inclusión económica, la generación de empleo digno y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social. En un contexto de creciente migración, violencia y frustración ciudadana, la sostenibilidad del modelo económico y político del país queda sujeta a la capacidad de responder a estas demandas estructurales con medidas de fondo.