La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras en su papel de protectores del sistema electoral ha sido centro de un vigoroso debate público desde las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Varios grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por diversas fallas logísticas, especialmente en el reparto de los materiales electorales en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta situación provocó extensas filas de electores, manifestaciones del pueblo y un ambiente de frustración generalizada, reflejada tanto en las casillas de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la falta de insumos y poca presencia de personal en los lugares de votación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.
Interrogantes sobre la función de los militares en las elecciones
En este contexto, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia electoral, asegurando que cumplirían con el cronograma definido por el CNE. El Gobierno, por su parte, brindó un respaldo unánime a la institución militar, destacando su papel en la seguridad y la logística electoral. Sin embargo, la presidenta del CNE, Cossette López, señaló que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció incidentes de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas incrementó la preocupación sobre la imparcialidad y eficiencia del proceso electoral previsto para noviembre de 2025.
La legislación hondureña, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la protección, transporte y supervisión de los materiales electorales, en cooperación con el CNE. No obstante, existen restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, tales como no interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, evitar influir en el voto, abstenerse de participar en actividades políticas partidarias, o no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. Pese a estas limitaciones, el esquema institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, una situación inusual a nivel mundial y que, según algunos estudios, evidencia la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de modificación y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
Tras los últimos eventos, han cobrado fuerza las iniciativas de reforma constitucional para reducir o suprimir el rol de las Fuerzas Armadas en los comicios. El experto en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, ha indicado la importancia de que las competencias electorales sean trasladadas a autoridades civiles, alegando que los comicios deben ser gestionados exclusivamente por estas instancias. En un sentido similar, el legislador Ramón Barrios, del partido Libertad y Refundación (Libre), hizo una propuesta para enmendar el artículo 272 de la Constitución, con la intención de limitar la función militar en asuntos electorales y robustecer la institucionalidad civil. No obstante, esta propuesta ha provocado opiniones divididas, incluso en su propio partido y entre grupos de la oposición, que ven la propuesta como un posible intento de acaparamiento de poder por parte del gobierno.
La discusión sobre la intervención militar en los comicios ha sido impulsada por la creencia de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de involucramiento militar en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la modificación del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más extensa de los roles de las Fuerzas Armadas, especificando sus funciones y reforzando el control civil sobre la estructura militar. Las sugerencias incluyen también el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la finalidad de lograr un control democrático real y disminuir la injerencia militar en el ámbito político.
El debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto primordial en la agenda política, con demandas de reformas que aseguren la independencia y transparencia del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral es vista como crucial para la estabilidad democrática del país y la discusión actual destaca la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y asegurar elecciones libres y transparentes.