En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral. Se han identificado dos puntos principales de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente falta de confianza en el rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Se ha reportado la sospecha de que el Ministerio Público estaría preparando acusaciones formales contra consejeras del CNE, lo que ha generado alarma entre sectores políticos y organizaciones defensoras de la democracia. Se alega que este proceso judicial tendría motivaciones políticas, dirigido contra consejeras que han mostrado posiciones críticas o independientes frente al oficialismo. La posible judicialización de consejeras del CNE se produce en un momento delicado, cuando el órgano electoral debe garantizar la organización imparcial del proceso electoral, la credibilidad de los resultados y la confianza de los partidos políticos y la ciudadanía.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de medidas podrían poner en riesgo la autonomía de las instituciones y socavar la fe del público en el sistema electoral. Los opositores junto con grupos de la sociedad civil han manifestado su inquietud, demandando indagaciones fundamentadas en evidencias sólidas, en lugar de motivaciones políticas. Se ha solicitado a la comunidad internacional que alce la voz frente a cualquier intento de interferencia con el CNE y vigile las acciones del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía y políticos respecto al rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del sistema democrático. Dirigentes de partidos contrarios, agrupaciones de la sociedad civil y analistas independientes han expresado inquietud por retiros y desplazamientos dudosos en la cúpula militar, la cercanía ideológica y funcional entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de militares en asuntos civiles y elecciones, y la opacidad en la organización del despliegue militar durante los sufragios.
Miedo a la militarización y exhortos a mantener la vigilancia
En las elecciones primarias de marzo, se informaron eventos relacionados con demoras en la distribución de materiales electorales y una presencia militar poco común en algunos centros de votación. Esto ha incrementado el miedo a la posible militarización del sistema electoral. Existe preocupación de que las Fuerzas Armadas, influenciadas por personas cercanas al oficialismo, podrían ser utilizadas como mecanismo para facilitar un fraude en las elecciones o para reprimir manifestaciones ciudadanas.
La creciente desconfianza ha llevado a llamados urgentes a organismos internacionales para que envíen misiones de observación y exijan garantías de neutralidad militar y transparencia operativa. Grupos ciudadanos han comenzado a organizar redes de veeduría social para documentar posibles abusos o irregularidades. La credibilidad del proceso electoral del 30 de noviembre dependerá de la conducta de las instituciones y la vigilancia ciudadana.