La reciente aprobación de reformas al Código Penal en Honduras ha generado inquietud en distintos sectores sociales y políticos del país. Estas modificaciones han sido interpretadas como un cambio relevante en el marco legal que regula la protesta social, especialmente en un contexto donde se aproximan las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado debido a la percepción de que estas reformas podrían ser utilizadas para limitar el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos fundamentales en cualquier democracia.
El Congreso Nacional introdujo cambios que agravan las penas para delitos vinculados a la protesta social, destacando la adición del artículo 378-A. Esta disposición establece que cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas puede conllevar un aumento de la pena de prisión, que pasa a ser de seis a diez años, además de la inhabilitación absoluta. Organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el posible uso de estas reformas para criminalizar manifestaciones pacíficas y restringir las libertades de reunión y expresión.
Reformas penales y su impacto en la protesta social
Las reformas al Código Penal han sido objeto de críticas por parte de organismos nacionales e internacionales. El endurecimiento de las sanciones para quienes participen en protestas colectivas ha sido interpretado como un posible mecanismo para disuadir la movilización ciudadana. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estas medidas podrían emplearse para limitar la participación social y el ejercicio de derechos fundamentales. La preocupación se acentúa ante la posibilidad de que estas disposiciones sean aplicadas en contextos de tensión política o electoral, donde la protesta ciudadana suele incrementarse.
La vivencia de las votaciones de 2017, donde se informaron arrestos injustificados y represión de protestantes, intensifica el miedo de que escenarios parecidos puedan repetirse con la nueva normativa. En este ambiente, colectivos ciudadanos y figuras políticas han alertado sobre el peligro de que convertir la protesta en un delito se torne en un medio para controlar la disidencia y limitar la involucración ciudadana en procesos políticos importantes.
Respuestas globales y demandas de reevaluación
La preocupación por el impacto de estas reformas ha traspasado las fronteras nacionales. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han expresado inquietud por las nuevas disposiciones del Código Penal hondureño. Ambas entidades han instado al Estado a revisar las reformas para asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de la población.
En esta situación, se resalta la relevancia de asegurar la observancia de los derechos humanos y prevenir que las leyes penales se usen como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras diversos grupos sostienen la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la defensa efectiva de las libertades esenciales en Honduras.