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La política tributaria en América Latina ha adquirido un papel más relevante como medio de confrontación entre los gobiernos y el sector privado. Diversos países, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han propuesto cambios fiscales para eliminar los sistemas tributarios favorables, en un discurso que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades inherentes de la región. Honduras, bajo el liderazgo de Xiomara Castro, forma parte de esta tendencia regional, presente también en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y discursos sobre justicia social
En Honduras, el Gobierno ha promovido la Ley de Justicia Tributaria como una prioridad en su agenda económica. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que tradicionalmente han favorecido a sectores empresariales, bajo la premisa de que esos beneficios han acrecentado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta iniciativa con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber contribuido al retraso económico del país.
Este método no es único. En Colombia, el líder Gustavo Petro ha declarado públicamente que los empresarios operan como «evasores disfrazados de inversionistas», utilizando esto como justificación para su reforma tributaria. De manera comparable, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema fiscal empresarial, aunque las propuestas económicas constitucionales han sido rechazadas en votaciones populares.
Opiniones y alertas provenientes del ámbito privado
Desde organizaciones empresariales hasta analistas regionales, las reacciones frente a estas políticas han sido críticas. Algunos sectores consideran que, más que una corrección técnica de inequidades fiscales, se está aplicando una estrategia de confrontación que erosiona la confianza en la institucionalidad económica. Un dirigente empresarial hondureño advierte que esta ofensiva genera un clima de hostilidad legal, propiciando la fuga de capitales y el congelamiento de nuevas inversiones.
El mensaje se ha replicado en redes sociales oficiales, medios públicos y espacios legislativos, donde se promueve la idea de que los grandes capitales deben “devolver lo que deben al pueblo”. Esta retórica, según expertos, fomenta una percepción adversa del aparato productivo, a quien se acusa de beneficiarse indebidamente de marcos fiscales que en muchos casos fueron diseñados para atraer inversión en contextos de bajo crecimiento.
Un cruce regional entre la estabilidad económica y la polarización
El avance de estas reformas tributarias coincide con una coyuntura de creciente polarización política y desafíos económicos en América Latina. Observadores regionales advierten que los cambios fiscales impulsados por estos gobiernos no solo modifican el sistema de ingresos del Estado, sino que podrían comprometer el equilibrio entre inversión privada e intervención estatal. En este contexto, la promoción de una “justicia tributaria” se convierte, para algunos actores, en una plataforma para consolidar poder político mediante el debilitamiento de contrapesos económicos.
Más allá de las repercusiones directas en los ingresos o en el presupuesto público, el debate señala un problema más complejo: mantener un sistema que promueva la inversión y el empleo, o moverse hacia un enfoque impositivo enfocado en la redistribución a través del gobierno, incluso si eso causa fricción con el sector productivo.
Conflicto entre gestión gubernamental y estabilidad económica
El rumbo fiscal adoptado por diferentes gobiernos de América Latina muestra un giro en la perspectiva sobre la función del Estado frente a la economía. Aunque las reformas intentan atender antiguas demandas de justicia social, su implementación con un enfoque conflictivo y sin un gran consenso podría amenazar la democracia y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es hallar un balance que permita atender las necesidades sociales urgentes sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que son esenciales para su estructura económica.