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El reciente escándalo relacionado con la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha perjudicado a más de 35.000 ciudadanos en Honduras, se ha convertido en un tema central del debate político debido a los cuestionamientos surgidos hacia personas cercanas al entorno del poder presidencial. Las críticas han sido dirigidas principalmente al denominado “familión Zelaya”, expresión utilizada por sectores opositores y grupos ciudadanos para referirse a los funcionarios que tienen lazos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha comenzado procesos judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha tomado medidas como el bloqueo de cuentas y algunas detenciones, sigue existiendo una gran incertidumbre en torno a la claridad y el alcance verdadero de las indagaciones. La ausencia de información oficial específica sobre de qué manera se permitió que el esquema fraudulento operara durante tanto tiempo ha generado nuevas dudas sobre las instituciones responsables de la supervisión financiera y la administración de justicia.
Acusaciones a empleados con conexiones políticas
Entre los individuos señalados en las discusiones públicas están Héctor Zelaya, asistente personal de la Presidencia e hijo del exmandatario Zelaya, y el fiscal general Johel Zelaya. Ambos desempeñan funciones clave desde que comenzó el gobierno actual y, según varios críticos, podrían tener influencia en los procedimientos institucionales vinculados al caso Koriun.
Estas imputaciones surgen en un entorno caracterizado por la polarización y la creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado. Aun cuando no hay evidencia pública que relacione directamente a los funcionarios nombrados con el fraude, las críticas señalan la posible falta de objetividad en las acciones y una gestión arbitraria de las responsabilidades legales que les competen.
Inquietudes acerca de la acción institucional
La CNBS se ha destacado como una de las entidades más criticadas por su reacción lenta ante la operación fraudulenta, la cual consiguió mover al menos 428 millones de lempiras antes de ser descubierta. La comisión apoyó el comunicado del gobierno para compensar a los perjudicados, aunque no presentó un informe técnico o legal que aclare las condiciones de este procedimiento ni las razones del fallo en los controles preventivos.
En tanto, la Fiscalía, liderada por Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, los progresos de la indagación aún no van acompañados de una comunicación clara y abierta que aclare las inquietudes sobre la participación de empleados del gobierno en la omisión o posible encubrimiento de anomalías.
Requerimientos de claridad y supervisión autónoma
Diversos colectivos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a conformar un comité independiente, ya sea nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera autónoma los hechos y posibles conexiones entre los autores del fraude y servidores públicos. Las exigencias abarcan la difusión de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del engaño, la identificación de fallos en los controles financieros y la rendición de cuentas de toda persona involucrada, sin exclusiones por lazos familiares o proximidad política.
En varios foros ciudadanos se ha señalado que la gestión del caso Koriun puede ser un momento crucial para la confianza institucional del país. «Cuando el Estado da más importancia a las compensaciones políticas que a la justicia, el perjuicio a la confianza institucional es irreversible», se mencionó en un evento reciente sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una problemática que trasciende lo económico
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
La evolución de este proceso, junto con la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes, determinarán no solo el curso legal del asunto, sino también el grado de confianza que los ciudadanos de Honduras tengan en sus gobernantes en un ambiente de vulnerabilidad institucional y fuerte división. Actualmente, la demanda principal es una investigación sin interferencias y con aseguramiento de transparencia, como requisito básico para mantener la legitimidad del imperio de la ley.