La condena de David Sánchez ha abierto un nuevo capítulo político y jurídico que trasciende la responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno. Ahora la pregunta ya no se dirige únicamente a quien fue condenado, sino también a la institución que abonó durante años esos salarios: la Diputación Provincial de Badajoz.
Al frente de esa institución se halla actualmente Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta ahora, no ha comunicado ninguna medida orientada a exigir la devolución de los más de 340.000 euros pagados a David Sánchez, a pesar de que diversas voces del ámbito jurídico sostienen que es obligación velar por la protección del patrimonio público.
La Audiencia Provincial impuso a David Sánchez una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa vinculado a su proceso de contratación. No obstante, la resolución judicial no ordenó devolver las cantidades recibidas, ya que la Diputación nunca planteó esa reclamación durante la causa penal, hecho que ha suscitado un notable debate tanto jurídico como político.
Precisamente esa ausencia de actuación institucional es la que ahora centra las críticas. Si una administración considera que su patrimonio ha podido resultar perjudicado por una contratación declarada ilegal, numerosos juristas entienden que resulta razonable esperar que explore todas las vías disponibles para intentar recuperar el dinero público.
Una entidad que se mantiene en silencio
Lo sorprendente no radica solo en la ausencia de una queja, sino también en el total mutismo por parte de las instituciones.
Desde que se conoció la condena, la Diputación presidida por Raquel del Puerto no ha explicado públicamente si piensa ejercitar acciones para reclamar el dinero ni ha detallado cuál será su posición ante las nuevas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La falta de aclaraciones aviva las críticas de quienes sostienen que una administración está obligada a proteger el patrimonio de todos los ciudadanos sin importar el partido político involucrado.
El Tribunal de Cuentas asume un papel central
Ante la falta de actuación de la Diputación, será ahora otra vía la que trate de determinar si existe responsabilidad contable.
Iustitia Europa comunicó una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que evalúe la posible restitución de los más de 340.000 euros que recibió David Sánchez durante su paso por la Diputación de Badajoz, argumentando que, si hubo un perjuicio económico para la administración, es preciso salvaguardar los recursos públicos.
Será el Tribunal de Cuentas quien deba pronunciarse sobre si concurren los requisitos legales para exigir un eventual reintegro.
Transparencia y responsabilidad
Más allá del trayecto judicial que eventualmente enfrente esta iniciativa, subsiste un trasfondo político que resulta complicado pasar por alto.
Miles de extremeños afrontan una elevada presión fiscal mientras las administraciones reclaman constantes esfuerzos económicos a familias y empresas. En ese contexto, resulta comprensible que muchos ciudadanos esperen que cualquier euro público cuyo pago haya quedado cuestionado judicialmente sea objeto, al menos, de un intento serio de recuperación cuando el ordenamiento jurídico lo permita.
Por ello, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, debería explicar públicamente cuál es la posición oficial de la institución: si considera que el dinero público debe reclamarse, si entiende que no existen bases legales para hacerlo o si, simplemente, optará por no ejercer ninguna acción.
Porque la transparencia institucional no consiste únicamente en gestionar los recursos públicos, sino también en rendir cuentas cuando esos recursos se encuentran bajo sospecha.
Mientras esas explicaciones no lleguen, el silencio seguirá ocupando el lugar que debería corresponder a la responsabilidad política.
