El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las investigaciones sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estuvieron dirigidas injustamente hacia él, mientras las verdaderas responsabilidades se encuentran en estructuras corruptas heredadas de gobiernos anteriores. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Petro señaló que la Fiscalía se enfocó en intentar demostrar que había dado órdenes para desviar recursos públicos hacia congresistas, algo que, según declaró, siempre prohibió.
Petro hizo énfasis en que las irregularidades descubiertas en la Ungrd son el resultado de prácticas sistemáticas de corrupción que no han sido enfrentadas adecuadamente. Acusó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la entidad y actualmente detenidos, de haber desviado recursos debido a supuestas alianzas políticas. Según Petro, su actuación estaría relacionada con pactos entre partidos políticos, como el Partido Verde, y figuras como los Aguilar en Santander.
El caso de la Ungrd ganó notoriedad cuando se reveló un esquema de corrupción relacionado con contratos de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. La Fiscalía y la Contraloría General descubrieron irregularidades en la asignación y ejecución de estos contratos, que incluyeron desvíos de fondos y pagos ilícitos destinados a asegurar apoyo político para reformas del Gobierno. Además, se detectaron pérdidas estimadas en más de 60 millones de dólares debido al uso fraudulento de recursos extrapresupuestales por parte de la Ungrd.
Petro también cuestionó la actuación de los fiscales responsables de las investigaciones, al señalar que “muchos terminan fallando” cuando se concentran exclusivamente en hallar pruebas en su contra. Asimismo, evocó el proceso que enfrenta su hijo, Nicolás Petro, por un presunto enriquecimiento ilícito, y sostuvo que en pesquisas anteriores las autoridades han incurrido en errores, como la detención de docentes inocentes.
El caso continúa envuelto en polémica, impulsado por recientes detenciones de antiguos altos funcionarios y exdirigentes del poder legislativo, entre ellos los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Según lo declarado ante la Corte Suprema por exdirectivos de la Ungrd, ambos habrían recibido sobornos de gran cuantía.
Este escándalo ha provocado una crisis institucional en Colombia, con organizaciones civiles exigiendo mayor transparencia y controles más estrictos sobre el gasto público. La administración de Petro enfrenta desafíos para desmarcarse de las acusaciones de corrupción heredadas y las polémicas que han surgido durante su gestión.
