La antesala electoral en Honduras se ve marcada por un creciente clima de desconfianza institucional, a medida que se multiplican las denuncias sobre la presunta manipulación de encuestas de opinión a favor de la candidata oficialista, Rixi Moncada. Diversos sectores académicos, ciudadanos y políticos señalan una estrategia sistemática para fabricar una percepción artificial de ventaja electoral, utilizando para ello instrumentos estadísticos de dudosa transparencia. La controversia gira en torno a la encuestadora Opinómetro, una firma sin trayectoria conocida que ha sido vinculada a figuras cercanas al gobierno.
Anomalías en los datos y dudas sobre la metodología
La proliferación de encuestas a favor de Moncada ha generado sospechas por inconsistencias técnicas evidentes. Según especialistas, los sondeos difundidos por Opinómetro presentan resultados dispares entre distintas plataformas, porcentajes que no suman el 100 % y omiten datos básicos como la ficha técnica, el tamaño de muestra o el margen de error. Estas prácticas, lejos de fortalecer el debate democrático, han sido interpretadas como intentos deliberados de influir en la opinión pública mediante una supuesta “ilusión matemática”.
Las variaciones de hasta 15 puntos porcentuales en comparación con investigaciones independientes refuerzan la teoría de una estrategia orquestada para aumentar el apoyo a la candidatura del oficialismo. Las críticas señalan que esta táctica no se debe a fallos técnicos, sino a una manipulación intencionada con objetivos políticos. Tanto redes sociales como plataformas académicas han sido el lugar de numerosas denuncias en este sentido, exigiendo un mayor control sobre la difusión de sondeos electorales.
Opinómetro y sus vínculos con estructuras oficiales
El rol que ha desempeñado Opinómetro ha sido clave en este debate. Fundada en febrero de 2025, esta empresa de sondeos recibió sin demora el permiso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en las elecciones internas, a pesar de no contar con un historial público en evaluación de opinión.
El asesoramiento legal de la compañía ha sido un aspecto de discusión. Carlos Adolfo Medina Álvarez, quien es abogado de Opinómetro, también trabaja como consultor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una organización influenciada por el gobierno. Esta similitud ha sido vista por expertos y críticos como una señal de uso gubernamental para situar personas cercanas en el área de las encuestas electorales.
El continuo reporte de datos positivos sobre Moncada por parte de Opinómetro, sin una transparencia que pueda ser comprobada, afecta la confianza en el sistema democrático y fomenta la idea de que se busca emplear las estadísticas como medio de propaganda electoral.
Exigencias de claridad por parte de la sociedad civil y la oposición
Las reacciones no se han hecho esperar. Diversas organizaciones de la sociedad civil, catedráticos universitarios y partidos opositores han exigido la regulación estricta de las encuestas electorales, así como auditorías independientes que validen sus metodologías. Advierten que el uso de empresas sin respaldo técnico ni imparcialidad afecta directamente la integridad del proceso democrático.
Estas opiniones exigen que las encuestas que se encuentran en el ámbito público satisfagan requisitos básicos de transparencia, como la divulgación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección aplicados. También piden una revisión del rol del CNE en la acreditación de estas firmas, indicando que su permiso a organizaciones sin historial acentúa la percepción de imparcialidad institucional.
La desconfianza que estas prácticas generan no solo afecta la campaña de una candidatura en particular, sino que compromete la legitimidad general del proceso electoral.
Un reto para la confianza en las instituciones
En una nación donde la fe en los procedimientos electorales ha sido tradicionalmente débil, las acusaciones recientes destacan la importancia de contar con métodos eficientes de supervisión y claridad. La polémica alrededor de Opinómetro y la utilización de datos no confirmados revela un problema más extenso: el uso de la información como herramienta política y la falta de estructuras institucionales fuertes que lo prevengan.
Mirando hacia las elecciones de 2025, el sistema electoral en Honduras tiene el desafío de asegurar que la contienda se desarrolle en condiciones de igualdad y con datos confiables. En un entorno caracterizado por la polarización y la debilidad de los mecanismos democráticos, la autenticidad de la información es esencial para mantener la integridad del sufragio popular.
