El nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha generado críticas que exigen una auditoría independiente respecto a su desempeño como ministra de Transición Ecológica durante el mandato de Pedro Sánchez.
Durante su mandato, Ribera lideró decisiones clave en materia energética, medioambiental y de sostenibilidad, algunas de las cuales han sido duramente cuestionadas por su impacto en el precio de la energía, la falta de transparencia en las concesiones renovables, y la gestión de relaciones con grandes corporaciones del sector.
Colectivos ciudadanos, organizaciones profesionales y algunos partidos de la oposición señalan que la ausencia de rendición de cuentas sobre estos temas podría traducirse en un conflicto de interés en su nuevo rol dentro de la Comisión, especialmente si supervisa áreas que se solapan con decisiones previas como ministra.
“No se puede ignorar el hecho de que quien tomó decisiones polémicas a nivel nacional esté ahora en posición de influir en las mismas materias desde Bruselas”, afirmaron fuentes parlamentarias que piden comparecencias públicas y revisión de contratos adjudicados durante su etapa en el ministerio.
La concesión de una licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la empresa Villafuel S.L. por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, cuando estaba dirigido por Teresa Ribera, ha despertado la atención de la Justicia y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La empresa, vinculada a Víctor de Aldama —uno de los principales nombres en el caso Koldo—, fue autorizada a operar en condiciones que, según la UCO, no cumplían los requisitos legales establecidos. Y Teresa Ribera ha reconocido que se reunió con él.
La aprobación se gestionó en solo tres días, a pesar de que Villafuel ya había obtenido dictámenes desfavorables en tres oportunidades anteriores. El capital social de la empresa ascendía únicamente a 15.000 euros, considerablemente menos que lo esperado en este tipo de permisos, y su organización operativa mostraba inconsistencias en la documentación.
De acuerdo con los expertos, el ministerio aprobó hasta tres resoluciones que favorecieron directamente a esta entidad. Asimismo, reportes de la UCO señalan la presencia de presiones a «altos niveles institucionales» para agilizar la aprobación del expediente, lo cual ha llevado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a requerir al Gobierno el expediente íntegro de la adjudicación.
La empresa Villafuel fue finalmente inhabilitada por el Gobierno en febrero de 2025, tras confirmarse su implicación en actividades irregulares. El caso sigue sumando ramificaciones políticas y administrativas, en un momento especialmente sensible para Teresa Ribera, recién nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea.