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A poco más de un año para las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, diversos grupos políticos y sociales han mostrado inquietud sobre lo que describen como indicios tempranos de una táctica destinada a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las preocupaciones son manifestadas por expertos, organizaciones de la sociedad civil e interlocutores internacionales, quienes advierten sobre una serie de medidas del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.
Acusaciones sobre discursos y medidas que afectarían el proceso electoral
Dentro de los temas más destacados está el empleo constante de discursos oficiales que sugieren un potencial fraude sin ofrecer evidencias tangibles. Estas afirmaciones apuntan a grupos económicos, medios de comunicación y actores internacionales como presuntos complotadores contra el gobierno, lo cual para ciertos analistas constituye un esfuerzo por crear la percepción de manipulación electoral en el supuesto de perder en las elecciones.
Los expertos indican que el relato intenta lograr dos metas: desacreditar de antemano cualquier resultado adverso y simultáneamente promover un clima de sospecha general en las entidades responsables del proceso electoral.
Conflictos institucionales y dudas sobre el juez electoral
Un tema especialmente delicado ha sido la actitud tomada por LIBRE respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido gobernante fue partícipe en la creación de este organismo, actualmente emite declaraciones criticando su autonomía y fiabilidad. Según opinan algunos críticos, la táctica busca socavar la legitimidad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Al mismo tiempo, se ha identificado un aumento en los procesos legales contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Estas medidas son vistas por grupos opositores como formas de presión que podrían restringir el diálogo público y la participación ciudadana en un entorno previo a las elecciones.
A esto se suma el uso prolongado del estado de excepción, vigente desde 2022 como parte de la política de seguridad del Gobierno. Si bien su aplicación ha sido justificada por motivos de combate al crimen organizado, su efecto colateral ha sido la restricción de derechos como la libre reunión y circulación, lo que impacta directamente en el desarrollo de actividades partidarias y en la expresión política de la ciudadanía.
Preocupación por la participación y la estabilidad democrática
La mezcla de discursos sobre fraude, el uso de la justicia contra oponentes y las limitaciones institucionales ha suscitado inquietud en varios sectores respecto a una potencial desmovilización de los votantes de la oposición. Analistas sugieren que este contexto podría llevar a la abstención, la indiferencia o incluso a situaciones de conflicto después de las elecciones si el resultado es disputado o no reconocido por alguna de las partes involucradas.
Estas tensiones están ocurriendo en una época en la que ciertos sondeos muestran una caída en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una posición negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. Dentro de este marco, se ha entendido que el foco del discurso del gobierno en un supuesto fraude es un movimiento estratégico anticipado frente a un entorno electoral desfavorable.
Exigencias de asegurar la claridad y el respeto al proceso
Varias entidades tanto a nivel nacional como mundial han lanzado declaraciones instando al gobierno de Honduras a asumir compromisos sólidos con la claridad electoral. Entre las peticiones se subraya el cumplimiento del cronograma electoral sin alteraciones, la ausencia de influencia política en las instituciones electorales y judiciales, y la adopción pública de los resultados, independientemente del resultado.
Organismos tales como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de vigilancia ciudadana han expresado su voluntad de apoyar el proceso, a la vez que piden que se permita una observación internacional extensa, anticipada y neutral. La expectativa de estas entidades es que Honduras asegure un proceso en el que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes libremente, sin presiones ni restricciones institucionales.
Un escenario caracterizado por la inseguridad y la demanda democrática
El panorama electoral en Honduras mirando hacia 2025 se presenta como un momento crucial para la estabilidad institucional del país. Las alertas emitidas por diversos grupos muestran una preocupación generalizada sobre la posibilidad de que el proceso esté influenciado por intereses políticos.
Dada la vulnerabilidad del sistema democrático y las crisis postelectorales históricas en el país, el principal reto es garantizar un proceso claro, con seguridad para todos los participantes, que resulte en un desenlace que la población acepte. La legitimidad del futuro gobierno se basará no solo en el sufragio, sino también en la adhesión total a las normas del juego democrático.