_-_copia.jpg "Congreso paralelo en Honduras")
En un contexto de creciente polarización institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, planteó la posibilidad de expulsar a diputados de la oposición y establecer un órgano legislativo paralelo si persiste el bloqueo a las iniciativas del oficialismo. Las declaraciones, pronunciadas durante una sesión en el hemiciclo, provocaron una ola de reacciones críticas por parte de las bancadas opositoras y diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte sobre acciones fuera de lo común
Luis Redondo, quien preside el Legislativo y es miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento por lo que percibe como un bloqueo constante de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo político. “No podemos seguir tolerando que una minoría perjudique el mandato del pueblo”, declaró, añadiendo que se implementarán “acciones firmes” para asegurar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en duda la función de los bloques opositores al gobierno actual y propuso que una alternativa sería la «limpieza» del Parlamento. Aunque no especificó métodos legales o procedimentales, su advertencia incluyó la formación de un Congreso paralelo si las circunstancias actuales impiden progresar con la agenda legislativa del Ejecutivo.
La oposición acusa intento de acaparamiento de poder
Las agrupaciones del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros grupos opositores respondieron al instante, describiendo las declaraciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en apoyo del Ejecutivo. El legislador Tomás Zambrano acusó a Redondo de actuar de manera autoritaria: “Este es un intento desesperado por concentrar un poder total en manos de LIBRE. No lo vamos a permitir”, señaló.
Con el mismo enfoque, el abogado especializado en derecho constitucional Juan Carlos Barrientos alertó sobre la ilegalidad de cualquier intento por establecer un órgano legislativo alternativo, indicando que dicha acción dañaría los principios del Estado de derecho. Según su perspectiva, esta amenaza pone en riesgo los equilibrios institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría conducir a una crisis institucional de considerable gravedad.
Conflictos legales y peticiones para supervisión global
La advertencia de Redondo se añade a varios incidentes recientes que han complicado el clima político en el Congreso Nacional. Entre ellos, sobresale la aprobación de leyes sin ratificación de las actas pertinentes y el uso de procedimientos legislativos controvertidos, como sesiones convocadas de manera irregular. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la promoción de la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido rechazada por diversos sectores económicos y políticos debido a su contenido y procedimiento.
Especialistas en política notan un cambio hacia una táctica de enfrentamiento del gobierno, donde se intenta marginar a la oposición antes del proceso electoral general. Este enfoque, según señalan, podría llevar a situaciones de inestabilidad institucional, alejándose de las vías legales estipuladas por la Constitución.
Ante esta situación, diversos actores políticos y sociales han pedido la intervención o el monitoreo activo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y misiones diplomáticas. Un colectivo de abogados manifestó en un comunicado conjunto que lo que está en debate no es solo la aprobación de una ley, sino también la propia existencia de la separación de poderes y del sistema democrático.
Una polémica en el Congreso y el reto de la institucionalidad
Las manifestaciones del líder parlamentario inician un nuevo episodio en la complicada interacción entre el partido en el poder y los contrarios en Honduras. La posibilidad de modificar la estructura del Congreso o crear un organismo alternativo marca un cambio crucial en la dinámica política del país, con repercusiones que van más allá de lo meramente legislativo.
El conflicto actual refleja los desafíos persistentes de gobernabilidad en un contexto donde las tensiones entre poderes, la fragilidad institucional y la polarización condicionan el desarrollo democrático. En este escenario, el rol de los mecanismos de control constitucional y la observación ciudadana se vuelven elementos centrales para preservar el equilibrio entre representación política y respeto a las normas del Estado de derecho.